Kicillof presiona a Caputo y acusa al Gobierno nacional de bloquear el financiamiento aprobado en la Provincia

El gobernador bonaerense reclamó que el Ministerio de Economía habilite de inmediato el financiamiento por USD 3685 millones autorizado por la Legislatura. Sostuvo que la deuda no es nueva, denunció un recorte de fondos por parte de la Nación y volvió a cuestionar el ajuste impulsado por Javier Milei.

El conflicto entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional escaló luego de que trascendiera que el Ministerio de Economía podría no convalidar el financiamiento votado recientemente en la Legislatura bonaerense. En un acto en La Plata, Axel Kicillof respondió de manera directa al ministro Luis “Toto” Caputo y pidió que la Nación no demore la autorización del mecanismo financiero que —remarcó— solo permitirá afrontar vencimientos heredados de gestiones anteriores.

Kicillof señaló que lo aprobado “no implica endeudamiento nuevo”, sino un instrumento para refinanciar obligaciones originadas durante el gobierno de María Eugenia Vidal. A su vez, advirtió que la negativa nacional se suma a una deuda de $13.000 millones que, según la administración provincial, la Nación mantiene con Buenos Aires y que ya motivó una presentación ante la Corte Suprema.

Desde la Casa de Gobierno bonaerense también apuntan a la caída de recursos provenientes de la coparticipación. Según los registros provinciales, el flujo hacia Buenos Aires se redujo 8,9% en términos reales, fenómeno que Kicillof atribuye al “falso superávit” que, entiende, sostiene el plan económico del presidente Javier Milei.

La discusión sumó la voz del ministro de Economía provincial, Pablo López, quien aseguró que Buenos Aires es “la provincia más austera del país” y defendió la necesidad del financiamiento habilitado. El funcionario sostuvo que el monto autorizado equivale solo a un tercio de lo que la Nación adeuda en concepto de transferencias paralizadas y obras frenadas, cifra que estimó en USD 9.000 millones.

López agregó que la caída de la actividad económica profundizó el impacto fiscal y provocó una merma en la recaudación superior a USD 2.500 millones. Con esas cifras, afirmó que el daño acumulado para Buenos Aires asciende a USD 11.500 millones y denunció un proceso de “asfixia” por parte del Gobierno nacional, mientras la Provincia busca mantener la sostenibilidad de su deuda y amortiguar las consecuencias sobre la población.