PH: EFE

Tras la designación de Cristian Auguadra al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, el Gobierno prepara una reestructuración integral del organismo que incluye cambios en la normativa, en la organización interna, en el estatuto del personal y en la incorporación de nueva tecnología.

El Ejecutivo comenzó a delinear modificaciones que abarcan desde la composición del sistema de inteligencia hasta los mecanismos de acceso a información sensible de distintos organismos públicos. Para aplicarlas, la Casa Rosada admite que será necesario ajustar la Ley de Inteligencia N.º 25.520, aunque aún evalúa si impulsará un proyecto legislativo o si optará por un decreto presidencial, dependiendo del consenso que pueda alcanzarse en el Congreso.

Entre los puntos centrales del plan figura la continuidad de los despidos y una reconfiguración de la estructura inspirada en el modelo estadounidense. Los equipos técnicos del oficialismo observan como referencia la CIA y el marco normativo surgido a partir de la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que consolidó un sistema coordinado con mayores facultades operativas, acceso ampliado a datos y la integración de agencias civiles, financieras y de seguridad.

En este contexto, en la central de inteligencia advierten sobre la necesidad de reorganizar atribuciones que hoy comparten las fuerzas federales tras las reformas impulsadas por la exministra Patricia Bullrich. El objetivo oficial es centralizar la coordinación de la información y la operatividad para que todas las áreas reporten directamente a la SIDE, replicando el funcionamiento del Director Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos.

Las tensiones internas no son nuevas: conviven estructuras superpuestas, mandos dispersos y canales informativos desarticulados que generaron desorden en la comunidad de inteligencia. Para revertir esa situación, el Gobierno analiza ampliar la red de organismos integrados y avanzar hacia una verticalización de las decisiones.

Una de las propuestas que está sobre la mesa es la disolución de las Direcciones Nacionales de Inteligencia Criminal (DNIC) y Militar (DNIM), con el fin de unificar sus equipos bajo la conducción de la SIDE. Esta medida había sido motivo de conflicto con la gestión de Bullrich, pero desde Balcarce 50 confían en que la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, permitirá avanzar en ese sentido.

Otro de los cambios que impulsa el Ejecutivo es la ampliación del acceso a información protegida por secreto legal. La intención es que la SIDE pueda incorporar datos provenientes de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una reforma similar a la aplicada recientemente en la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante el decreto 274/2025. Esta medida habilitó a la UIF a intercambiar información sin restricciones fiscales, bancarias o profesionales, congelar activos, aplicar controles y emitir sanciones, convirtiéndose en un actor clave dentro del sistema.

El Gobierno también pretende reformar el estatuto del personal de inteligencia para establecer un esquema de carrera profesional comparable al de las Fuerzas Armadas. Consideran que el régimen actual genera falta de jerarquías claras, escasa previsibilidad y dificultades para evaluar el desempeño. El nuevo marco contemplaría escalafones, capacitaciones permanentes, retribuciones por función y un sistema disciplinario con instancias de revisión.

Finalmente, la modernización tecnológica constituye otro eje prioritario. En distintos sectores mencionan la necesidad de incorporar herramientas de vigilancia electrónica, ciberinteligencia, análisis masivo de datos, integración de bases y sistemas de interceptación. Sin embargo, en el Gobierno reconocen que el financiamiento es un obstáculo, especialmente luego de que el Congreso rechazara el decreto que asignaba $100.000 millones a la SIDE en 2024.

Con este paquete de reformas, el Gobierno apunta a modernizar y unificar el funcionamiento del sistema de inteligencia, pero la puesta en marcha de los cambios quedará sujeta a la disponibilidad de recursos y a las definiciones que adopte el Ejecutivo respecto del financiamiento aún pendiente.