La UBA presiona a la Corte Suprema para que defina la aplicación de la ley de financiamiento universitario

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires presentó un planteo formal ante el máximo tribunal para acelerar una resolución sobre la normativa que garantiza recursos para las universidades nacionales. El pedido se conoció tras una nueva movilización federal en defensa de la educación pública.

La Universidad de Buenos Aires volvió a intensificar su reclamo judicial por la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y solicitó a la Corte Suprema de Justicia que resuelva con celeridad la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

El planteo fue impulsado por el Consejo Superior de la casa de estudios y apunta a que el máximo tribunal defina la validez de la norma aprobada por el Congreso, además de ordenar su inmediata aplicación por parte del Gobierno nacional.

Desde la UBA sostienen que la legislación resulta fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema universitario, especialmente en áreas vinculadas al pago de salarios, becas estudiantiles, investigación científica y sostenimiento de hospitales universitarios.

El reclamo judicial se presentó pocas horas después de la cuarta Marcha Federal Universitaria, una movilización que reunió a miles de estudiantes, docentes y trabajadores en distintos puntos del país para exigir mayores recursos para la educación pública.

En el escrito elevado a la Corte, las autoridades universitarias remarcaron que el Poder Ejecutivo no cuenta con una sentencia definitiva que habilite dejar sin efecto la ley votada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Además, advirtieron sobre el deterioro económico que atraviesan las universidades nacionales y señalaron que las partidas presupuestarias destinadas al sector acumulan una fuerte pérdida real desde 2023.

La UBA alertó que la situación impacta de manera directa en el desarrollo de proyectos académicos y científicos, así como también en el funcionamiento de instituciones sanitarias dependientes de la universidad, entre ellas el Hospital de Clínicas.

La disputa judicial se encuentra actualmente en manos de la Corte Suprema luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptara un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional y suspendiera la cautelar que obligaba al Estado a transferir los fondos establecidos por la ley.

Mientras tanto, las universidades también avanzan con presentaciones judiciales complementarias para intentar destrabar las transferencias pendientes. Sin embargo, hasta que el máximo tribunal emita una resolución definitiva, la aplicación de la norma continuará suspendida.

Fuentes judiciales señalaron que la Corte podría expedirse en las próximas reuniones de acuerdo, aunque no existen plazos establecidos para dictar sentencia. Entre las posibilidades, el tribunal incluso podría rechazar el recurso del Ejecutivo sin analizar el fondo de la cuestión, lo que dejaría firme el fallo que ordena transferir los recursos previstos para el sistema universitario nacional.

Foto: Juan Pablo Chaves – TN)