El magistrado deberá revisar un planteo del exdirector Diego Spagnuolo que cuestiona la validez de pruebas clave y podría derivar en la nulidad del expediente.
El juez federal Ariel Lijo fue designado para continuar con la causa que indaga supuestos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego del sorteo realizado por la Cámara Federal para cubrir la subrogancia del Juzgado Federal Nº 11. La definición se dio tras la decisión de Sebastián Casanello de no participar en el nuevo período de subrogancia.
Hasta ahora, el expediente estaba en manos de Casanello, quien días atrás dictó el procesamiento de 19 personas, incluido el ex titular del organismo Diego Spagnuolo, por su presunta intervención en una asociación ilícita vinculada al pago de sobornos y a sobreprecios en la adquisición de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad.
En las últimas horas, además de Casanello, también se apartaron del sorteo los jueces María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi, por lo que las opciones se redujeron a Lijo y María Eugenia Capuchetti. Finalmente, el titular del Juzgado Federal 4 resultó designado para asumir el caso.
El cambio de magistrado ocurre en un contexto de fuertes cuestionamientos por parte de las defensas, que buscan invalidar la investigación. Los abogados de Spagnuolo denunciaron supuestas irregularidades en la obtención de pruebas, especialmente en relación con audios atribuidos al exfuncionario que fueron utilizados como sustento de la acusación.
La Cámara Federal ordenó recientemente que se analice el planteo del exdirector de ANDIS, que había sido rechazado sin trámite por Casanello. En su resolución, firmada por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico —con la disidencia de Eduardo Farah—, el tribunal cuestionó al juzgado de primera instancia por no cumplir una directiva previa y por desestimar “in limine” el reclamo presentado por los defensores Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera.
La estrategia de la defensa sostiene que los audios presentan deficiencias técnicas, como interrupciones, ausencia de metadatos y eventuales manipulaciones mediante inteligencia artificial. Bajo ese argumento, invocaron la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, al señalar que si la prueba inicial resulta inválida, todo el proceso debería caer.
Antes de apartarse, Casanello había considerado acreditada la existencia de un esquema de corrupción dentro del organismo, con adjudicaciones direccionadas, precios inflados en contrataciones y un sistema de retornos canalizado a través de droguerías proveedoras. Además de Spagnuolo, fueron procesados el exsubdirector Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como presuntos jefes de la organización. El juez dispuso embargos de sumas millonarias y ordenó nuevas indagatorias para profundizar en las estructuras societarias implicadas.
Lijo recibe así un expediente con procesamientos ya dictados, pero también con la obligación de revisar el origen mismo de la causa. De su análisis dependerá si el caso avanza hacia la etapa de juicio o si, por el contrario, se determina la existencia de vicios que obliguen a retrotraer o anular actuaciones.
El magistrado, que fue propuesto el año pasado por el presidente Javier Milei como candidato a la Corte Suprema —postulación que no obtuvo respaldo en el Senado—, afronta ahora un proceso de alta sensibilidad política, dado que el expediente también involucra al titular del Ejecutivo y a su hermana, Karina Milei.
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