Karina Milei reunió gobernadores en San Juan para respaldar la Ley de Glaciares

La secretaria general de la Presidencia encabezó una actividad minera en San Juan junto a funcionarios nacionales y mandatarios provinciales. El Gobierno busca fortalecer el apoyo político a la reforma de la Ley de Glaciares en medio de cuestionamientos judiciales y ambientales.

En un contexto marcado por tensiones internas en el oficialismo y cuestionamientos a la reforma de la Ley de Glaciares, Karina Milei desembarcó este jueves en San Juan para participar del lanzamiento de la Mesa Federal Minera, una iniciativa impulsada para consolidar acuerdos con provincias y empresarios del sector.

La secretaria general de la Presidencia estuvo acompañada por el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Minería, Luis Lucero. En cambio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó fuera de la comitiva, en medio de la controversia política que atraviesa al Gobierno nacional.

Durante la primera actividad oficial, Karina Milei recorrió junto al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego las instalaciones de Caleras San Juan S.A., donde mantuvo reuniones con autoridades de la empresa y destacó el potencial minero argentino. En ese marco, sostuvo que el país no logró desarrollar plenamente sus recursos por “impericia o cuestiones ideológicas” de gestiones anteriores y comparó las exportaciones mineras argentinas con las de Chile.

Más tarde, Diego Santilli compartió un almuerzo con seis gobernadores considerados dialoguistas: Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Martín Llaryora, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro. La fotografía conjunta fue interpretada como una señal de respaldo político al nuevo esquema minero promovido por la Casa Rosada.

La Mesa Federal Minera se venía gestando desde antes de la aprobación de la nueva Ley de Glaciares y apunta a brindar mayor previsibilidad jurídica a las inversiones del sector. Desde el Ejecutivo reconocen que existió presión de empresas mineras para avanzar con la reforma y admiten que algunas compañías condicionaron futuras inversiones dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a la modificación de la normativa ambiental.

La reforma redefine el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciales, otorgando a cada provincia la facultad de determinar qué áreas cumplen funciones hídricas y qué actividades podrían afectar esos ecosistemas. La decisión generó fuertes críticas de organizaciones ambientalistas y derivó en distintas acciones judiciales.

El gobierno de La Pampa presentó un amparo colectivo contra la reforma y ratificó su rechazo a la norma al considerar que vulnera derechos ambientales y altera el sistema de presupuestos mínimos de protección. A esto se sumó una demanda colectiva impulsada por organizaciones ambientales que reunió más de 850 mil firmas.

Con este escenario de creciente judicialización, el Gobierno nacional intenta mostrar respaldo político, empresarial y provincial al nuevo modelo minero, al tiempo que busca consolidar a la actividad como uno de los principales motores de ingreso de divisas para el país.