La principal vía fluvial utilizada para las exportaciones argentinas será administrada por un consorcio privado durante los próximos 25 años. El Ejecutivo asegura que la medida impulsará inversiones estratégicas y mejorará la competitividad del comercio exterior.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay al consorcio conformado por la firma belga Jan De Nul y la empresa argentina Servimagnus, que tendrá a su cargo la operación y mantenimiento del corredor fluvial más importante del país durante un período inicial de 25 años.
La resolución pone fin al proceso licitatorio iniciado a fines de 2025 y abre una nueva etapa para la infraestructura portuaria y logística nacional. El contrato contempla tareas de dragado, redragado, señalización y conservación de la ruta navegable por donde se transporta cerca del 80% de las exportaciones argentinas.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por el adjudicatario, la concesión podría generar ingresos superiores a los 15.700 millones de dólares durante toda su vigencia, con una facturación anual promedio cercana a los 628 millones de dólares. Además, se prevé un crecimiento sostenido del tránsito de embarcaciones, tanto en operaciones internacionales como de cabotaje.
Entre las obras proyectadas figuran la profundización de canales, la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar la navegación y el fortalecimiento de los sistemas de control y seguridad. Según el Ministerio de Economía, estas inversiones permitirán disminuir en un 13,5% los costos logísticos, favoreciendo una mayor eficiencia en las exportaciones y posibilitando que los buques completen cargas en los puertos de origen.
Las autoridades nacionales señalaron que la mayor parte de las inversiones se concentrará en los primeros siete años del contrato, mientras que la recuperación económica del proyecto se produciría en una etapa posterior. Asimismo, destacaron que el proceso licitatorio concluyó sin objeciones formales y contó con el acompañamiento de sectores exportadores, operadores portuarios y gobiernos provinciales vinculados a la actividad.
Como requisito previo a la firma definitiva del contrato, prevista para las próximas semanas, la empresa adjudicataria deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico y presentar garantías por un total de 75 millones de dólares. La concesión se desarrollará bajo un esquema de obra pública financiada mediante peaje y sin aportes directos del Estado, que mantendrá las funciones de regulación y control sobre esta infraestructura estratégica para la economía argentina.
(Foto: Télam)