Las protestas contra el presidente Rodrigo Paz sumaron nuevos episodios de violencia en La Paz. En medio de bloqueos de rutas y una creciente crisis de abastecimiento, el Gobierno analiza recurrir a medidas extraordinarias para restablecer la circulación en el país.
Bolivia atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Tras más de cinco semanas de manifestaciones y cortes de rutas, las protestas volvieron a generar incidentes en las calles de La Paz, donde fuerzas de seguridad y grupos movilizados protagonizaron enfrentamientos en las inmediaciones de la sede gubernamental.
Las movilizaciones están integradas por distintos sectores sociales, entre ellos trabajadores, campesinos, mineros, transportistas y docentes, quienes reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz y cuestionan tanto las reformas impulsadas por su administración como la falta de soluciones frente a la profunda crisis económica que afecta al país.
Durante la jornada, columnas de manifestantes provenientes de la ciudad de El Alto recorrieron varios kilómetros hasta llegar al centro de la capital boliviana. En el trayecto y en las zonas cercanas a la Plaza Murillo se levantaron barricadas con contenedores y residuos incendiados, mientras se escuchaban consignas contra el Gobierno.
La intervención de efectivos antimotines derivó en choques con los manifestantes. Según reportes oficiales, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar la protesta, mientras algunos grupos respondieron con piedras y explosivos de bajo poder. Como resultado de los incidentes, al menos cinco personas fueron detenidas.
La conflictividad social mantiene paralizadas numerosas rutas estratégicas del país. Los bloqueos dificultan el transporte de mercaderías y combustibles, provocando serios problemas de abastecimiento en varias ciudades. En La Paz y El Alto ya se registran faltantes de alimentos, medicamentos y combustible, además de incrementos significativos en los precios de productos básicos.
La situación también impacta en el sistema sanitario. Autoridades y centros de salud advirtieron sobre dificultades para garantizar el suministro de oxígeno y otros insumos médicos necesarios para intervenciones quirúrgicas y tratamientos hospitalarios.
Frente al agravamiento del conflicto, el presidente Paz evalúa aplicar un estado de excepción, una herramienta legal recientemente reglamentada que permitiría restringir temporalmente algunas libertades vinculadas a la circulación y las reuniones públicas. Además, habilitaría la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de las tareas policiales para despejar los bloqueos.
El mandatario aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo, aunque remarcó que el Estado cuenta con mecanismos constitucionales para garantizar el orden público. Desde el Gobierno sostienen que las protestas generan un fuerte impacto económico y estiman pérdidas superiores a los 1.200 millones de dólares debido a las interrupciones en la actividad productiva y comercial.
Las organizaciones que lideran las movilizaciones rechazaron las convocatorias oficiales para negociar y ratificaron sus reclamos. Mientras tanto, la administración de Paz denuncia la existencia de intentos de desestabilización y acusa al expresidente Evo Morales de impulsar las protestas desde la región del Trópico de Cochabamba, donde permanece acompañado por sectores afines.
Morales, por su parte, volvió a cuestionar duramente al actual Gobierno y desafió públicamente al presidente a debatir sobre la situación social y económica que atraviesa Bolivia. En medio de este escenario, la incertidumbre continúa creciendo y el país permanece atento a las decisiones que adopte el Ejecutivo en las próximas horas.
Foto: REUTERS/Claudia Morales