Diputados reabre el debate por el Régimen Penal Juvenil y Menem reúne a los jefes de bloque

Martín Menem convocó a los titulares de todas las bancadas para organizar el trabajo legislativo de febrero, con el nuevo Régimen Penal Juvenil como uno de los temas centrales. El Gobierno busca impulsar la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, una iniciativa que genera fuertes diferencias en el Congreso.

La Cámara de Diputados retomará esta semana la agenda política con una reunión clave entre los jefes de bloque, convocada por el presidente del cuerpo, Martín Menem, para este miércoles a las 14. El encuentro apunta a ordenar el cronograma de sesiones extraordinarias de febrero, en un mes marcado por proyectos sensibles para el oficialismo.

El Congreso se reactivó en la previa del inicio formal de las extraordinarias, donde el Ejecutivo tiene como prioridad la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, el Gobierno también decidió acelerar el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, que fue incorporado al temario del mes y que busca reducir la edad de imputabilidad a 13 años.

Según fuentes legislativas, la reunión no tendrá un temario cerrado, sino que funcionará como una instancia para definir cómo se organizará el trabajo parlamentario, qué comisiones se conformarán y cuándo podría realizarse la primera sesión extraordinaria del año.

Un legislador opositor explicó que la convocatoria busca “ordenarse hacia adelante”, mientras que otro diputado con diálogo abierto con el oficialismo remarcó que antes deberán observarse los dictámenes que emita el Senado sobre temas centrales como la reforma laboral y la Ley de Glaciares, que serán parte del debate inicial en la Cámara Alta.

A diferencia de la reforma laboral, que comenzará su recorrido legislativo en el Senado, la discusión sobre el régimen penal juvenil se iniciará en Diputados. Se trata de una de las iniciativas que promete mayor polémica, ya que el oficialismo insiste en avanzar con la baja de la edad de imputabilidad como respuesta al delito juvenil.

Desde sectores dialoguistas sostienen que el debate no debería volver a empezar desde cero, dado que el año pasado ya se trabajó durante varios meses en un dictamen que fue discutido y consensuado tras casi ocho meses de deliberaciones.

La propuesta abre un debate profundo dentro del Congreso. Mientras algunos legisladores creen que reducir la edad podría contribuir a disminuir la delincuencia, otros advierten sobre la falta de garantías y recursos necesarios para aplicar un régimen de estas características, como infraestructura adecuada, talleres socioeducativos, personal especializado y centros adaptados para menores.

En ese sentido, varios diputados señalan que el objetivo no debería ser únicamente castigar, sino generar condiciones para la reinserción y evitar que los delitos se produzcan. También persisten dudas sobre si el Estado cuenta con la capacidad financiera y logística para sostener el nuevo sistema.

Dentro del PRO, uno de los aliados históricos del oficialismo que en los últimos meses tomó distancia, plantean reparos importantes. Consideran que la edad debería fijarse en 14 años y argumentan que no existe consenso médico ni psicológico suficiente para afirmar que un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos.

Además, advierten que una baja a 13 años podría duplicar de inmediato la población de menores detenidos, lo que haría inviable la aplicación sin espacios adecuados. Para ese sector, el punto crítico es el financiamiento: sostienen que sin presupuesto para infraestructura y un modelo socioeducativo real, la ley podría quedar en letra muerta.

Con este escenario, la convocatoria de Menem marca el primer paso para reactivar un debate que promete dividir a los bloques y convertirse en uno de los ejes más sensibles de las sesiones extraordinarias.