El Tribunal Oral Federal 5 convocó a las partes para el 4 de septiembre en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces. La audiencia servirá para revisar las pruebas pendientes y definir el camino hacia el juicio oral contra Cristina Kirchner, sus hijos y empresarios vinculados a la investigación.
La causa Hotesur-Los Sauces volvió a registrar un movimiento judicial importante luego de que el Tribunal Oral Federal 5 estableciera la fecha de la audiencia preliminar que marcará un paso clave antes del eventual inicio del juicio oral. El encuentro fue programado para el próximo 4 de septiembre a las 10 de la mañana.
La decisión fue adoptada por los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, quienes además rechazaron el planteo del fiscal Diego Velasco. El representante del Ministerio Público había solicitado avanzar directamente hacia el debate oral sin esperar la finalización de distintas pericias contables todavía pendientes.
Según argumentó el tribunal, no resulta conveniente iniciar una etapa de declaraciones testimoniales o indagatorias mientras aún faltan estudios técnicos considerados relevantes para la causa. Entre ellos se encuentran una segunda pericia contable vinculada a la firma Los Sauces y un informe comparativo relacionado con las tasaciones oficiales de inmuebles investigados.
Durante la audiencia preliminar, las partes deberán analizar la validez de las pruebas incorporadas al expediente, acordar la lista de testigos y avanzar en la organización del futuro debate oral. Una vez concluida esa etapa, el tribunal quedará en condiciones de fijar una fecha definitiva para el juicio.
En el expediente están procesados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner, además de los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros acusados. También figuran el excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, escribanos y exfuncionarios vinculados a Santa Cruz.
La investigación judicial sostiene que empresas relacionadas con Báez y López habrían realizado pagos a firmas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner para canalizar dinero de origen ilícito mediante contratos presuntamente simulados. En ese contexto, uno de los establecimientos mencionados en la causa es el hotel Alto Calafate.
El expediente mantiene además una conexión con la condena dictada en la causa Vialidad, donde la Justicia determinó irregularidades en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La acusación plantea que parte de esos fondos habrían sido direccionados posteriormente hacia las empresas Hotesur y Los Sauces para otorgar apariencia legal a las operaciones financieras.
De acuerdo con la fiscalía, entre 2009 y 2013 la firma Valle Mitre, vinculada a Báez, habría abonado más de 27 millones de pesos por la explotación de hoteles de la familia Kirchner. A esto se sumarían otros ingresos generados por empresas del Grupo Austral, incluso mediante reservas de habitaciones que, según la investigación, no habrían sido utilizadas.
Además de los cargos por lavado de dinero y asociación ilícita, la causa también incluye acusaciones por presuntas dádivas derivadas de relaciones comerciales entre funcionarios públicos y empresarios contratistas del Estado. Mientras continúan las medidas de prueba, Florencia Kirchner permanece fuera del proceso tras haber sido sobreseída debido a que era menor de edad durante parte de los hechos investigados.
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