Julio De Vido obtuvo la prisión domiciliaria y dejará el penal de Ezeiza

La Cámara Federal de Casación Penal autorizó que el exministro Julio De Vido continúe cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario luego de los problemas cardíacos que sufrió semanas atrás.

La situación judicial del exfuncionario Julio De Vido tuvo un nuevo giro este lunes después de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara el rechazo previo del Tribunal Oral Federal y habilitara su salida de la cárcel de Ezeiza.

La resolución fue firmada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, quienes consideraron determinante el delicado cuadro médico que atraviesa el exministro, condenado por la causa vinculada a la Tragedia de Once.

Entre los elementos analizados por los magistrados figuró el infarto que De Vido sufrió el pasado 1 de abril, situación que derivó en una angioplastia y la colocación de un stent. A esto se sumaron informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense que advirtieron sobre el alto riesgo cardiovascular que presenta el exfuncionario, actualmente de 76 años.

Los estudios médicos incorporados al expediente señalaron además que De Vido padece diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial, patologías que requieren controles permanentes y seguimiento especializado.

Según evaluó Casación, las condiciones del penal de Ezeiza no garantizan actualmente la atención médica necesaria para evitar complicaciones severas en su estado de salud. En ese contexto, el Tribunal Oral Federal N°4 ordenó concretar el traslado del exfuncionario para que continúe la condena en su domicilio.

La Cámara también dispuso que el juez de ejecución mantenga controles periódicos sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas en el arresto domiciliario.

De Vido cumple una condena de cuatro años de prisión como partícipe necesario en la causa judicial por la Tragedia de Once. La sentencia determinó que durante su gestión al frente del Ministerio de Planificación no ejerció un control adecuado sobre los fondos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), responsable del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

Aunque fue absuelto del delito de estrago culposo relacionado directamente con las muertes y lesiones provocadas por el accidente ferroviario, la Justicia consideró acreditadas irregularidades en la supervisión de los recursos públicos asignados al sistema.

La condena había sido confirmada en distintas instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema, que en 2024 ratificó la responsabilidad penal del exfuncionario, aunque ordenó revisar el monto de la pena. Finalmente, la sanción quedó establecida en cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La denominada Tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del tren Sarmiento impactó contra el paragolpes de la estación terminal en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho provocó la muerte de 51 personas y dejó más de 700 heridos, convirtiéndose en una de las peores tragedias ferroviarias de la historia argentina.