Caso YPF: la Justicia de EE.UU. suspende demandas contra Argentina y frena embargos

La Cámara de Apelaciones de Nueva York hizo lugar al pedido del Gobierno argentino y resolvió pausar el proceso judicial vinculado a la expropiación de YPF, mientras se define la apelación de fondo por la millonaria condena.

En un giro relevante dentro del litigio internacional por la expropiación de YPF, la Justicia de Estados Unidos decidió suspender el proceso de “discovery”, una instancia clave en la que los demandantes buscaban identificar activos argentinos en el exterior para avanzar con embargos.

La medida fue adoptada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York tras una presentación realizada por el nuevo procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y regirá hasta que se resuelva la apelación principal impulsada por el Estado argentino contra el fallo que lo condenó a pagar 16.000 millones de dólares.

El “discovery” es un mecanismo judicial que permite a las partes solicitar información relevante para ejecutar una sentencia. En este caso, los fondos demandantes —entre ellos Petersen y Eton Park, representados por Burford— habían requerido datos sobre bienes del país, incluyendo comunicaciones y documentación oficial, con el objetivo de detectar activos embargables ante la falta de pago.

La decisión judicial también deja en suspenso otros procedimientos derivados, como una moción por desacato y una audiencia que estaba prevista para analizar posibles incumplimientos de Argentina en la entrega de información. Desde el ámbito jurídico, interpretan esta resolución como un alivio temporal para la estrategia de defensa del país.

El respaldo del Departamento de Justicia estadounidense al planteo argentino fue un elemento clave en la resolución, que finalmente inclinó la balanza a favor de suspender las medidas hasta tanto se defina la cuestión de fondo.

Según fuentes vinculadas al proceso, la Procuración del Tesoro ya había entregado una extensa cantidad de documentación y testimonios de funcionarios, aunque los demandantes continuaban solicitando nuevos datos. Del otro lado, los fondos sostienen que el país podría haber evitado esta instancia si hubiera depositado las garantías exigidas en primera instancia, algo que el Gobierno decidió no hacer.

El fallo original fue dictado por la jueza Loretta Preska, quien responsabilizó al Estado argentino por la forma en que se llevó adelante la expropiación de la petrolera. Ahora, la atención se centra en la resolución de la apelación, que será determinante para el futuro del caso.