Comienza en Santa Cruz el juicio por el hundimiento del ARA San Juan

Cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina enfrentarán desde este martes el juicio oral por la tragedia ocurrida en 2017 en el Atlántico Sur. El proceso buscará determinar responsabilidades en la cadena de mando, mientras que la causa por presunto espionaje a familiares ya quedó cerrada sin condenas a exfuncionarios nacionales.

Este martes se inicia en Río Gallegos el debate oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes. La causa judicial, que atravesó años de controversias y planteos procesales, llega finalmente a esta instancia con cuatro ex integrantes de la cúpula naval sentados en el banquillo.

Los acusados son el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe del Departamento de Operaciones, Hugo Miguel Correa. Están imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. Se prevé que el proceso se extienda durante varias semanas, con audiencias programadas de lunes a jueves en semanas alternadas hasta julio. Durante el debate se expondrán peritajes técnicos, documentación interna y testimonios para establecer si existieron fallas operativas, deficiencias de mantenimiento o errores en la conducción que hayan contribuido a la tragedia.

La definición de la sede judicial fue uno de los puntos más discutidos. En octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el proceso debía realizarse en Río Gallegos. Los jueces rechazaron los planteos que pretendían trasladarlo a Mar del Plata o a los tribunales federales de Comodoro Py, al considerar que el hecho ocurrió en alta mar y que, ante la incertidumbre sobre el lugar exacto del delito, correspondía mantener la competencia del tribunal de origen. Además, señalaron que modificar la jurisdicción implicaría demorar aún más la respuesta judicial en un caso que conmocionó al país.

En paralelo, la Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa que investigaba presuntas tareas de espionaje ilegal sobre familiares de las víctimas. La investigación se había iniciado tras el hallazgo de documentación en la sede de la AFI en Mar del Plata con informes y registros de actividades públicas de los familiares entre 2017 y 2018.

Si bien en 2021 el juez federal de Dolores había procesado a los acusados al entender que las tareas de inteligencia podían haber tenido un trasfondo político, distintas instancias judiciales revocaron esa decisión. Los tribunales concluyeron que la información recopilada era de carácter público y que las acciones se encuadraban en tareas vinculadas a la seguridad presidencial. El máximo tribunal rechazó los planteos de las querellas, con lo cual la causa quedó cerrada sin responsables políticos.

De esta manera, el proceso que comienza en Santa Cruz se centrará exclusivamente en la actuación de la cadena de mando de la Armada Argentina. A más de ocho años del hundimiento en el Atlántico Sur —tras registrarse una explosión en las baterías del submarino— los familiares de los 44 marinos esperan que el debate oral permita esclarecer lo sucedido y establecer eventuales responsabilidades penales por una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente del país.