El Senado comienza hoy el análisis de un proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares, otorgando mayor participación a las provincias en la gestión de estas áreas estratégicas y redefiniendo los límites de protección ambiental.
La norma vigente, sancionada en 2010, protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo actividades como la minería, la explotación hidrocarburífera y la instalación de industrias que puedan afectar estos ecosistemas. La ley también estableció el Inventario Nacional de Glaciares, administrado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que registra 16.968 glaciares en 12 provincias, con una superficie estimada en 8.484 kilómetros cuadrados.
El proyecto de reforma, impulsado por el Gobierno nacional, plantea otorgar mayor protagonismo a las provincias para definir y gestionar el uso de estos territorios, bajo el argumento de resolver problemas de interpretación que habrían generado inseguridad jurídica y limitado inversiones productivas, particularmente en la minería. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que este cambio podría flexibilizar los criterios científicos que hoy determinan qué áreas se consideran glaciares o ambientes periglaciares.
El debate legislativo también está vinculado a la expansión de proyectos mineros en provincias cordilleranas como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, donde se desarrollan iniciativas relacionadas con litio y otros minerales estratégicos. En Argentina, los glaciares alimentan 39 cuencas hidrográficas y resultan fundamentales para el abastecimiento de agua, siendo más de un tercio del territorio continental dependiente del deshielo glaciar. Estudios recientes muestran que el retroceso de estos cuerpos de hielo, acelerado por el cambio climático, ya afecta reservas emblemáticas como el glaciar Perito Moreno, que perdió aproximadamente 800 metros de frente entre 2020 y 2024.
El eje del debate actual es definir hasta qué punto deben mantenerse las protecciones ambientales y qué nivel de actividad económica puede permitirse en estas zonas sensibles, en un equilibrio que conjuga conservación del recurso hídrico y desarrollo productivo.
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