La Cámara alta tratará el dictamen sobre la actualización del régimen de glaciares

PH: Martín Katz

El Gobierno nacional negoció modificaciones a la Ley de Glaciares y confía en lograr su aprobación este jueves en el Senado. En la Casa Rosada reconocen que el número es muy ajustado —necesitan 37 votos— y admiten que cualquier cambio en la postura de un legislador podría hacer caer la iniciativa. Sin embargo, aseguran que cuentan con las voluntades necesarias para darle media sanción, aun cuando el PRO y la UCR votarán divididos.

Este miércoles, el oficialismo y sus aliados en la Cámara alta acordaron introducir cambios al dictamen que se debatirá. En ese contexto, todas las miradas están puestas sobre el bloque peronista Convicción Federal, integrado por Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. Moisés fue nombrada vicepresidenta del Senado, gesto que en el oficialismo interpretan como una señal política en medio de la negociación.

También persisten dudas sobre el voto de la senadora de Chubut Edith Terenzi, quien, si bien ya tendría definida su postura, evitó hacerla pública. A su vez, dentro de la UCR todavía hay debate interno: algunos legisladores podrían acompañar la ley en general, aunque anticipan que plantearán objeciones y requisitos durante el tratamiento en particular.

La normativa original, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en glaciares y en el ambiente periglacial, al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce. No obstante, el Gobierno busca ahora priorizar actividades productivas —como la minería y la explotación hidrocarburífera— en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, con el objetivo de atraer inversiones y habilitar proyectos mineros internacionales.

Para ello, se abriría la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica. Hasta el momento, esa opción está vedada. En adelante, la determinación de la relevancia hídrica quedaría en manos de las provincias, que tendrían mayor poder para evaluar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos.

Según pudo saber TN, los cambios introducidos al dictamen original —presentado en diciembre— no serían sustanciales, sino que consisten en agregados y ajustes puntuales en la redacción.

En particular, se incorporaron dos agregados en los artículos 6 y 7. Allí se establece que quedan prohibidas las actividades que impliquen daños ambientales en los términos de la Ley General del Ambiente 25.675 y que las evaluaciones deben cumplir con la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua 25.688, lo que supone un monitoreo de la calidad y cantidad del caudal afectado.

Al respecto, Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, fue crítico: “Esto es lo que se llama redundancia legislativa. Decir que van a cumplir una ley está mal, eso ya existe, siempre se debe cumplir con la ley. Estos agregados son para maquillar la ley. Son cambios cosméticos”.

Desde el oficialismo, en cambio, relativizan esa mirada. Una fuente sostuvo que al incorporar la mención de la Ley 25.688 el proyecto no quedaría “tan libre albedrío” para las provincias mineras, ya que se introducirían parámetros más claros de control.

Otro de los cambios respecto del texto de diciembre establece que la relevancia hídrica de un glaciar y su aporte de agua dulce a los cursos se determinará “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Sin embargo, Viale volvió a cuestionar la redacción: “La nueva redacción no establece ninguna especificidad ni alcance de esos estudios técnicos científicos que se mencionan genéricamente”.

En cuanto al Inventario Nacional de Glaciares, actualmente elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), se mantendría vigente hasta que las autoridades provinciales determinen que un glaciar no tiene relevancia hídrica.

Sobre este punto, una fuente legislativa explicó: “El inventario que existe seguirá así hasta que la provincia diga lo contrario. Es decir, si la provincia demuestra que la zona no cumple una función hídrica, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) lo tiene que sacar del inventario. No se puede oponer”.

Finalmente, otra fuente al tanto de las negociaciones advirtió: “El punto que pone en aprietos a los que quieren la ley es el que habla de qué es una cuenca y qué no”. En definitiva, el debate de fondo gira en torno a qué zonas glaciares o periglaciares son proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas en la Argentina, un aspecto clave que podría definir el futuro de la iniciativa.