El Gobierno apelará el fallo que anuló el protocolo antipiquetes

PH: Damián Dopacio

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Ejecutivo recurrirá la decisión judicial que dejó sin efecto el protocolo para el control de protestas y aseguró que la medida es clave para garantizar el orden público.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció que el Gobierno apelará el fallo judicial que declaró la nulidad del denominado protocolo antipiquetes, una herramienta impulsada durante la gestión de Patricia Bullrich para regular las movilizaciones sociales y los cortes de calle.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la funcionaria cuestionó la decisión judicial y sostuvo que sin ese marco de actuación “no hay orden, hay caos”. En ese sentido, afirmó que el fallo representa un intento de avanzar contra una política de seguridad que, según remarcó, permitió devolver tranquilidad y previsibilidad a la vida cotidiana.

Monteoliva aseguró que el Ejecutivo no retrocederá en su postura y ratificó que el protocolo será defendido en todas las instancias judiciales. Argumentó que la medida cuenta con sustento técnico, jurídico y operativo, y que su aplicación resultó fundamental para garantizar la libre circulación y el orden en el espacio público.

La ministra también vinculó la anulación del protocolo con sectores que, a su entender, se oponen a las políticas de seguridad del Gobierno. En ese marco, afirmó que la resolución fue celebrada por quienes “viven del caos y la extorsión”, mientras que los principales perjudicados serían los ciudadanos que buscan trabajar y circular sin obstáculos.

El pronunciamiento oficial se conoció luego de que el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, resolviera dejar sin efecto la vigencia del protocolo, tras un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La decisión judicial abrió un nuevo capítulo en la disputa entre el Poder Ejecutivo y la Justicia en torno al alcance de las políticas de seguridad y el derecho a la protesta.