Brasil intensifica el control judicial sobre implicados en la trama golpista

PH: DW

El Supremo Tribunal Federal dispuso arresto domiciliario para diez condenados por el intento de golpe de Estado de 2022, luego de detectar maniobras recientes para evadir a la Justicia y posibles planes de salida del país.

La Corte Suprema de Brasil ordenó este 27 de diciembre el arresto domiciliario de diez personas condenadas por su participación en la trama golpista posterior a las elecciones presidenciales de 2022. La medida fue dispuesta por el juez Alexandre de Moraes y alcanza a procesados cuyas sentencias aún se encuentran en etapa de apelación.

La decisión fue ejecutada por la Policía Federal este sábado en varios estados, entre ellos Río de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahía, Tocantins y el Distrito Federal. Entre los detenidos se encuentran siete militares, la directora de Inteligencia del Ministerio de Justicia, Marília Alencar; el presidente del Instituto del Voto Legal, Carlos Cesar Moretzsohn Rocha; y el exasesor internacional Filipe Martins.

Hasta el mediodía del sábado se habían concretado al menos ocho de las diez órdenes judiciales. Las autoridades confirmaron las detenciones de Alencar, Martins, Giancarlo Gomes Rodrigues, Angelo Martins Denicoli, Fabricio Moreira de Bastos, Sergio Ricardo Cavaliere, Bernardo Romão Correa Netto y Ailton Gonçalves Moraes Barros.

Hasta ahora, los condenados cumplían medidas cautelares menos estrictas, como el uso de tobillera electrónica o la obligación de permanecer en un domicilio determinado. Con la nueva resolución, deberán cumplir arresto domiciliario permanente, continuar bajo monitoreo por geolocalización, no utilizar redes sociales, evitar todo contacto con otros investigados y no recibir visitas. Además, se ordenó el retiro de sus pasaportes y la suspensión de los permisos para portar armas.

La defensa de Filipe Martins cuestionó la decisión del STF. Su abogado, Jeffrey Chiquini, anunció que presentará una apelación y sostuvo que su defendido está siendo castigado por hechos ajenos, al tiempo que acusó al tribunal de vulnerar principios básicos de justicia.

En los fundamentos de la resolución, el juez Moraes advirtió sobre el riesgo de nuevas fugas y citó antecedentes recientes que evidenciarían la capacidad de los condenados para planificar la evasión del país con ayuda externa. En ese sentido, mencionó el caso del exdirector de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Vasques, condenado a 24 años de prisión, quien fue detenido en Asunción cuando intentaba viajar a Centroamérica.

Vasques había interrumpido la señal de su tobillera electrónica y logró salir de Brasil, pero fue localizado en Paraguay cuando presentó un pasaporte paraguayo que no coincidía con su información biométrica. Tras ese episodio, el Supremo Tribunal Federal dispuso su prisión preventiva, aun cuando el fallo condenatorio todavía estaba dentro del plazo de apelación.

Según el magistrado, este tipo de maniobras refuerza la necesidad de endurecer las medidas de control para evitar que otros condenados intenten evadir la acción de la Justicia. En ese marco, también se recordó que el exdiputado federal Alexandre Ramagem permanece prófugo en Estados Unidos, tras abandonar Brasil por la frontera con Guyana.

Las autoridades brasileñas indicaron además que solo durante 2024 más de un centenar de personas investigadas por la trama golpista ingresaron a la Argentina con la intención de solicitar asilo político, un dato que incrementó la preocupación judicial y motivó el refuerzo de las medidas dispuestas por el STF.