La Libertad Avanza vuelve a impulsar en el Senado la baja de la edad de imputabilidad

Tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, el oficialismo busca reactivar el debate legislativo para reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. El antecedente inmediato es un dictamen aprobado en Diputados en 2025 que no llegó al recinto.

El asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años ocurrido en la provincia de Santa Fe y cometido por jóvenes de entre 14 y 16 años, reabrió en el ámbito político la discusión sobre el régimen penal juvenil. A partir de ese hecho, La Libertad Avanza decidió volver a poner en agenda parlamentaria la baja de la edad de imputabilidad de los menores.

La senadora Patricia Bullrich adelantó que el oficialismo impulsará el tratamiento del tema en el Senado, luego de que durante 2025 la iniciativa avanzara en la Cámara de Diputados pero no lograra ser debatida en el recinto. En aquel entonces, un plenario de cuatro comisiones emitió dictamen favorable tras analizar una docena de proyectos presentados por distintas fuerzas políticas.

El proyecto establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y se apoya en un consenso amplio alcanzado entre bloques como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. La propuesta original del Poder Ejecutivo preveía llevarla a 13 años, pero fue modificada durante el debate legislativo.

El presidente Javier Milei ya había planteado la necesidad de avanzar con esta reforma durante su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2025. En esa oportunidad, sostuvo que quienes tienen conciencia suficiente para cometer delitos graves deben enfrentar consecuencias penales y reclamó, además, el endurecimiento urgente de las penas previstas en el Código Penal.

Ese planteo se dio pocos días después del crimen de Kim Gómez, una niña de siete años asesinada durante un robo en la localidad platense de Altos de San Lorenzo. El hecho fue perpetrado por dos menores, de 14 y 17 años, lo que llevó al Presidente a cuestionar el actual régimen de imputabilidad al señalar que uno de los responsables no podía ser juzgado por su edad y que el otro había cometido delitos siendo menor de 16 años.

Tras el crimen de Monzón y la difusión del video del asesinato, Bullrich reforzó el reclamo a través de sus redes sociales, donde convocó a debatir la Ley Penal Juvenil en el Congreso. En sus mensajes, sostuvo que el sistema actual deja a las víctimas sin respuestas y afirmó que es necesario avanzar hacia un esquema similar al de los países vecinos, con responsabilidad penal temprana, jueces especializados y sanciones diferenciadas.

La legisladora también cuestionó que delitos graves como robos violentos y homicidios queden sin consecuencias cuando los responsables son menores. Planteó que la ausencia de sanciones genera un escenario de impunidad y reclamó terminar con un sistema que, según expresó, abandona a las víctimas y protege a quienes delinquen.

El dictamen aprobado en Diputados en 2025 estableció un nuevo régimen penal juvenil con sanciones escalonadas, priorizando medidas educativas y restaurativas orientadas a la rehabilitación. Entre ellas se incluyen el acompañamiento interdisciplinario, la incorporación a programas educativos, tratamientos psicológicos y capacitación laboral.

Además, se contemplan sanciones alternativas como amonestaciones, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de contacto con la víctima. La privación de la libertad queda reservada únicamente para delitos graves, con una pena máxima de 15 años y la posibilidad de sustitución parcial tras el cumplimiento de dos tercios de la condena.

El proyecto también incorpora la mediación penal juvenil, de carácter voluntario y confidencial, aplicable a delitos con penas de hasta seis años y con consentimiento de las partes. La suspensión del juicio a prueba se limita a delitos con penas mínimas inferiores a tres años y sin mediación previa. En caso de detención, se prevé el alojamiento en módulos diferenciados según edad, estado de salud y situación procesal.

Durante el debate legislativo, Unión por la Patria sostuvo que la edad de imputabilidad debía mantenerse en los 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó cualquier modificación al régimen vigente. A pesar de ello, el consenso alcanzado en comisiones es considerado por el oficialismo como un antecedente clave para relanzar el tratamiento.

El dictamen perdió estado parlamentario al cierre del período legislativo 2025, por lo que será necesario volver a convocar a las comisiones para reiniciar el debate. En el Senado existen, además, proyectos similares que también caducaron, pero que podrían servir como base para la discusión actual.