La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Crea un sistema especializado para adolescentes y generó fuertes cuestionamientos del peronismo, que advirtió sobre su constitucionalidad y el financiamiento previsto para las provincias.
El Senado de la Nación sancionó el nuevo Régimen Penal Juvenil, una norma que modifica el esquema vigente y establece que la edad de imputabilidad en la Argentina se reducirá de 16 a 14 años. El proyecto, que ya contaba con media sanción de Diputados, quedó convertido en ley y ahora deberá ser reglamentado y publicado en el Boletín Oficial para su entrada en vigencia.
La votación arrojó 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. La iniciativa fue impulsada originalmente durante la gestión de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró públicamente la aprobación y sostuvo que el Estado “no puede seguir mirando para otro lado” frente a los delitos cometidos por menores.
Durante el debate, Bullrich defendió el cambio al señalar que “no importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, y afirmó que cuando las conductas ilícitas no tienen consecuencias, “la ley pierde autoridad”. En la misma línea, remarcó que el objetivo es “proteger a los adolescentes y reparar a las víctimas”, además de ordenar el sistema penal.
La sesión también estuvo atravesada por un momento de tensión cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel pidió un minuto de silencio por las víctimas de delitos. Tras algunas discusiones reglamentarias, finalmente todos los bloques se pusieron de pie.
Críticas por inconstitucionalidad y presupuesto
Desde el interbloque peronista cuestionaron la orientación de la norma y su viabilidad financiera. El ex gobernador chaqueño Jorge Capitanich advirtió que, sin recursos suficientes, el régimen podría transformarse en “letra muerta” y derivar en una “frustración colectiva”.
El texto prevé una partida de $23.700 millones para que las provincias adapten infraestructura y dispositivos específicos tras la baja de la edad punible. Sin embargo, legisladores opositores señalaron que el monto sería insuficiente. Según datos del Servicio Penitenciario Federal mencionados en el debate, el costo por metro cuadrado de construcción ronda los 3,2 millones de pesos, lo que permitiría edificar unos 7.400 metros cuadrados a nivel nacional. Distribuido entre los 24 distritos, implicaría aproximadamente 308 metros cuadrados por provincia.
El senador santiagueño Gerardo Zamora sostuvo que la ley podría generar alta “litigiosidad” y cuestionó su constitucionalidad, mientras que Martín Soria calificó el proyecto como “muy malo” y advirtió que vulnera el principio de culpabilidad disminuida en menores. En la misma línea, Lucía Corpacci planteó que la norma no resolverá el problema de fondo y pidió actuar con “racionalidad y humanidad”.
Desde el oficialismo, el senador Luis Juez respondió con dureza a las críticas y afirmó que el debate no puede reducirse a una discusión presupuestaria. Sostuvo que familiares de víctimas reclaman justicia y no venganza.
Qué establece la nueva ley
El Régimen Penal Juvenil crea un sistema especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos diferenciados y garantías específicas. Se consagra la presunción favorable a la minoría de edad y se dispone que los menores no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.
Entre los principios rectores figuran la legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad. La norma prioriza medidas orientadas a la resocialización, como tareas comunitarias, programas educativos, monitoreo electrónico y reparación del daño. La prisión quedará reservada para delitos graves y con límites temporales estrictos.
El régimen también otorga un rol central a las víctimas, garantizando asistencia jurídica y psicológica, participación en audiencias y posibilidad de intervenir en instancias de mediación penal juvenil.
En la etapa de ejecución de sanciones se incorpora la figura de un supervisor judicial especializado que acompañará el proceso de reinserción. Además, se prevén abordajes específicos para casos vinculados a salud mental y consumos problemáticos, con equipos interdisciplinarios.
Para los menores inimputables, la ley dispone que intervenga la Justicia para investigar los hechos y aplicar, de corresponder, medidas protectoras o curativas bajo la órbita civil. También establece la capacitación obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
Con su aprobación, el Congreso introdujo uno de los cambios más relevantes en política criminal de los últimos años, en medio de un debate que expuso profundas diferencias sobre cómo abordar la delincuencia juvenil en la Argentina..
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