La iniciativa oficial busca facilitar que los ahorros no declarados ingresen al sistema financiero formal, con cambios en Ganancias, mayores garantías para los contribuyentes y modificaciones en los mecanismos de fiscalización de ARCA.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que introduce modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal, con el objetivo de otorgar mayor seguridad jurídica a quienes decidan incorporar sus ahorros en dólares al circuito bancario formal.
La propuesta, impulsada por el Gobierno nacional, apunta a brindar herramientas para que los llamados “dólares del colchón” puedan ingresar al sistema financiero sin sanciones, en línea con el objetivo planteado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien había señalado que la medida busca promover el ahorro y la inversión.
El texto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de Economía. La iniciativa contempla modificaciones principalmente en dos áreas: el régimen simplificado de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y las normas vinculadas a la prescripción tributaria.
Entre los principales cambios, el proyecto elimina los límites de ingresos y patrimonio que actualmente condicionan el acceso al régimen simplificado. De esta manera, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina podrían optar por esta modalidad, sin las restricciones vigentes para quienes superaban determinados niveles económicos.
Además, la iniciativa redefine cuándo ARCA podrá considerar que existe una “discrepancia significativa” en una declaración presentada por un contribuyente. Según el proyecto, esa situación se configuraría cuando una observación implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos superior al 15% de lo declarado, cuando la diferencia supere el límite establecido por el Régimen Penal Tributario o cuando se detecten maniobras como facturas falsas o cómputos indebidos.
El Gobierno también propone establecer un monto mínimo para evitar que diferencias menores generen cuestionamientos desproporcionados. El proyecto fija que, por debajo de un piso equivalente al 5% del monto previsto en el Régimen Penal Tributario, no se consideraría una discrepancia relevante aunque se supere el porcentaje establecido.
Otro de los puntos incorporados es la posibilidad de que los contribuyentes puedan corregir sus declaraciones y abonar los ajustes determinados dentro de los 15 días posteriores a la notificación, manteniendo los beneficios del régimen.
Asimismo, se establece un mecanismo de devolución rápida en caso de que una impugnación realizada por ARCA sea posteriormente rechazada. En esos casos, el organismo deberá reintegrar los montos abonados junto con los intereses correspondientes en un plazo máximo de 45 días hábiles.
Controles y formalización de operaciones
El proyecto también incluye medidas relacionadas con la prevención del lavado de activos. Quienes adhieran al sistema simplificado deberán realizar sus operaciones mediante los canales habilitados por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.
En los fundamentos de la iniciativa, el Gobierno sostuvo que la propuesta busca avanzar hacia un esquema tributario con mayor previsibilidad y protección para los pequeños y medianos contribuyentes. Además, destacó que los cambios permitirán fortalecer las herramientas de fiscalización y sanción en el ámbito del trabajo rural, con el objetivo de que las multas sean aplicadas de manera efectiva, razonable y proporcional.
Desde el Ejecutivo señalaron que el proyecto apunta a consolidar un sistema impositivo con reglas más claras, equilibrando los derechos de los contribuyentes con las facultades de control del Estado, al tiempo que promueve la incorporación de capitales al circuito formal de la economía.
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