Exfuncionarios y diputados cuestionan la legalidad del decreto que modifica la Ley de Inteligencia Nacional, denunciando ampliación indebida de facultades y riesgo sobre derechos ciudadanos. El caso podría llegar directamente a la Corte Suprema.

Un grupo de exfuncionarios y diputados presentó un amparo judicial contra el decreto del Gobierno que introduce cambios en la SIDE, argumentando que la medida excede los límites constitucionales y vulnera derechos fundamentales. La acción, presentada ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, solicita también la suspensión inmediata del decreto mientras se resuelve su validez.

El caso fue iniciado por exfuncionarios como Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido, y se sumó al presentado días atrás por los diputados Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Mónica Frade. Todos sostienen que la norma expande indebidamente las atribuciones de los órganos de inteligencia y que el mecanismo elegido —un decreto del Ejecutivo— evitó el debate legislativo, pese a no existir una situación de urgencia que lo justificara.

Los demandantes cuestionan además que la SIDE pueda realizar aprehensiones, potestad que consideran exclusiva de las fuerzas policiales. El decreto autoriza la detención de personas únicamente en tres casos: durante actividades de inteligencia, por auxilio o requerimiento judicial, y ante la comisión de delitos en flagrancia. El Gobierno aclaró que estas aprehensiones tienen como único objetivo proteger al personal de inteligencia y las operaciones en curso, sin reemplazar la función de la Justicia o de las fuerzas de seguridad, que intervienen de inmediato para garantizar los derechos de los involucrados.

La reforma oficial busca una “racionalización y achicamiento” del sistema de inteligencia, eliminando superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas. Se redefinieron competencias: la seguridad interna queda bajo el Ministerio de Seguridad, la inteligencia militar bajo el Estado Mayor Conjunto, y la protección de infraestructura crítica y sistemas de información en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Además, se concentró el rol de la Agencia de Seguridad Nacional exclusivamente en contrainteligencia y se eliminó la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM).

Otro punto clave es la implementación de un nuevo esquema de intercambio de información entre organismos estatales, basado en trazabilidad, automatización y registro obligatorio de cada requerimiento y flujo de información, con el objetivo de eliminar discrecionalidad y arbitrariedad, garantizar transparencia interna y fortalecer los controles legales, técnicos y presupuestarios.

El expediente recayó en el juzgado de Martín Cormick, quien deberá decidir primero sobre la medida cautelar solicitada. La oposición reserva la posibilidad de apelar directamente a la Corte Suprema mediante un per saltum, considerando que la causa constituye un asunto de “gravedad institucional” por el impacto sobre derechos y el control del sistema de inteligencia.