Tras acercar posiciones sobre el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros, el Gobierno retomó las negociaciones para reunir los votos necesarios y llevar nuevamente al recinto el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el próximo 6 de agosto.
La discusión legislativa sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ingresó en una nueva etapa luego de que la senadora Patricia Bullrich y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, alcanzaran un consenso sobre los principales puntos que habían generado diferencias dentro del oficialismo.
La iniciativa contempla modificaciones a la Ley de Tierras, incorpora mecanismos de desalojos rápidos y propone cambios en la normativa sobre Manejo del Fuego. Luego de postergar su tratamiento antes del receso invernal, el proyecto volverá al Senado el 6 de agosto, mientras La Libertad Avanza intensifica las conversaciones con bloques aliados y fuerzas provinciales para asegurar la mayoría necesaria.
El principal debate estuvo centrado en el régimen para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. En la versión consensuada se estableció que cada provincia conservará la jurisdicción sobre su territorio, de acuerdo con lo previsto por la Constitución Nacional. Además, las operaciones sobre inmuebles ubicados en zonas de frontera deberán contar tanto con la autorización provincial como con el aval del Poder Ejecutivo Nacional.
Con este esquema, el texto dejó de lado la propuesta inicial impulsada por la Casa Rosada, que planteaba eliminar las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.
Luego del encuentro con Sturzenegger, Bullrich sostuvo que el proyecto refleja aportes de distintos sectores políticos y que el objetivo fue alcanzar una redacción compatible con la visión del Gobierno y de los bloques que acompañan la iniciativa.
Las modificaciones surgieron luego de que legisladores de la Unión Cívica Radical manifestaran reparos sobre el capítulo de tierras y reclamaran que las provincias mantuvieran el control de los registros vinculados a esas operaciones. Esa discusión fue uno de los factores que motivó la postergación del debate en la sesión prevista para mediados de julio.
En paralelo, la conducción nacional de la UCR difundió un documento en defensa de la legislación vigente, recordando que actualmente existe un límite del 15% para la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros y un tope del 30% de ese porcentaje para una misma nacionalidad.
Mientras tanto, el oficialismo continúa negociando apoyos en el Senado. La Libertad Avanza cuenta con sus 21 legisladores y espera sumar el respaldo de la mayoría del bloque radical, los representantes del PRO y algunos senadores provinciales. Entre ellos figuran la salteña Flavia Royón, Beatriz Ávila, de Independencia, y Julieta Corroza, de Neuquinidad, aunque varios de esos votos aún no fueron confirmados.
También persisten dudas respecto de la postura que adoptarán los representantes del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, en un contexto atravesado por la interna política provincial y por cuestionamientos de organizaciones ambientalistas que rechazan la flexibilización de la normativa sobre tierras.
Por otra parte, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen alternativo. Sus integrantes cuestionaron especialmente el apartado referido a los desalojos, al considerar que la propuesta oficial equipara situaciones de ocupación ilegal con conflictos derivados de contratos de alquiler. Como alternativa, impulsan un texto que diferencie ambos casos y garantice instancias de defensa para los inquilinos antes de ejecutar un desalojo habitacional.
Con el tratamiento previsto para el 6 de agosto, el Senado definirá si el oficialismo logra reunir los respaldos suficientes para convertir en ley una de las iniciativas legislativas que considera prioritarias para este semestre.
(Foto: Archivo/ X @PatoBullrich)