La fiscalía busca reconstruir el recorrido de más de 600 millones de dólares cuya trazabilidad aún no fue determinada. El foco está puesto en cuentas de inversión, operaciones financieras y posibles movimientos hacia activos digitales.
La investigación judicial sobre las presuntas irregularidades vinculadas al sistema de importaciones SIRA sumó un nuevo capítulo con el avance de medidas destinadas a determinar el destino final de una importante cantidad de divisas obtenidas mediante autorizaciones de acceso al mercado cambiario oficial.
El fiscal federal Franco Picardi ordenó nuevas diligencias orientadas a obtener información sobre cuentas comitentes y otros instrumentos financieros que podrían haber sido utilizados para canalizar parte de los fondos bajo sospecha. La medida se enmarca en la búsqueda de elementos que permitan esclarecer qué ocurrió con aproximadamente 607 millones de dólares que aún no pudieron ser ubicados con precisión dentro de la investigación.
Entre las personas alcanzadas por las averiguaciones aparece María Valeria Fernández, exauditora externa del Banco Central, quien es considerada una figura relevante dentro del expediente debido a las funciones de control que ejercía sobre distintos actores mencionados en la causa. La fiscalía solicitó información sobre presuntas cuentas vinculadas a la exfuncionaria, documentación que todavía se encuentra pendiente de remisión.
La pesquisa también contempla la posible existencia de cuentas asociadas a otros investigados, entre ellos empresarios y financistas que habrían participado en operaciones relacionadas con la obtención de dólares oficiales para importaciones.
Uno de los puntos centrales del expediente involucra a la casa de cambio Mega Latina, firma que, según la documentación analizada por los investigadores, habría retirado importantes sumas de dinero en efectivo. A partir de allí, la Justicia intenta determinar cuál fue el recorrido posterior de esos recursos.
La hipótesis que analiza la fiscalía
De acuerdo con la línea investigativa, parte de los dólares obtenidos habría ingresado inicialmente al sistema financiero mediante cuentas comitentes, utilizadas habitualmente para operar con bonos, acciones, fondos de inversión y otros instrumentos del mercado de capitales.
Los investigadores evalúan si posteriormente esos fondos fueron destinados a operaciones de dólar MEP y contado con liquidación (CCL), mecanismos financieros utilizados para acceder a divisas a través de la compraventa de títulos.
La hipótesis bajo análisis también contempla que una porción de los recursos pudiera haber terminado en el circuito informal de cambios antes de regresar al sistema financiero mediante proveedores de servicios de pago. Según esta reconstrucción preliminar, una parte de los excedentes habría sido colocada en activos digitales y billeteras frías, herramientas utilizadas para almacenar criptomonedas fuera de plataformas conectadas a internet.
Declaraciones y nuevas derivaciones
Mientras avanza la investigación, el financista Francisco Hauque manifestó su intención de acogerse a la figura del imputado colaborador en caso de ser convocado a declaración indagatoria. En los últimos días también realizó declaraciones públicas en las que vinculó a distintos exfuncionarios y personas relacionadas con organismos estatales al esquema que investiga la Justicia.
La causa busca determinar si existió una estructura integrada por empresarios, intermediarios, financistas y personas con influencia en organismos públicos que habría facilitado el acceso a dólares oficiales mediante autorizaciones de importación. Los investigadores intentan establecer además si se produjeron beneficios económicos derivados de la diferencia entre las cotizaciones oficiales y alternativas de la moneda estadounidense, así como posibles pagos irregulares para agilizar la aprobación de permisos dentro del sistema SIRA.
PH REUTERS

