El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal enviado al Congreso y sostuvo que la iniciativa busca incentivar el ingreso de ahorros al sistema financiero sin realizar investigaciones retroactivas sobre quienes decidan adherirse al régimen.
Mientras el Poder Ejecutivo impulsa un nuevo paquete de medidas para promover la formalización de capitales, funcionarios nacionales salieron a explicar los alcances del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que propone cambios en el régimen tributario y busca estimular la inversión mediante el ingreso de ahorros al circuito bancario.
Durante una entrevista en un programa de streaming, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la economía argentina necesita reglas estables y una política monetaria estricta para consolidar el proceso de recuperación económica impulsado por la gestión de Javier Milei.
En ese contexto, afirmó que el objetivo del proyecto es generar confianza para que quienes mantienen dinero fuera del sistema financiero puedan incorporarlo a la economía formal sin temor a investigaciones sobre hechos anteriores.
«Tenemos muchos argentinos que, por distintas razones, conservan sus ahorros fuera del sistema bancario. La intención es que esos recursos puedan canalizarse hacia la economía formal porque no se considera que esas personas sean delincuentes», expresó el funcionario. Además, remarcó que el Gobierno no prevé revisar de manera retroactiva el origen de esos fondos para quienes se incorporen al nuevo régimen.
Ravier también aseguró que las medidas económicas impulsadas por la administración nacional contribuirán a reducir la inflación y las tasas de interés, escenario que, según sostuvo, favorecerá la recuperación del consumo y de la inversión.
Los principales cambios que propone el proyecto
Casi al mismo tiempo que se conocían las declaraciones del vocero presidencial, el Gobierno remitió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que la iniciativa pretende facilitar la incorporación al sistema bancario de los ahorros que actualmente permanecen fuera del circuito formal, con el propósito de impulsar nuevas inversiones y ampliar el financiamiento de la actividad económica.
El texto enviado al Parlamento, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el propio Caputo, introduce modificaciones en dos aspectos centrales: el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y las normas sobre prescripción tributaria.
Uno de los cambios elimina los límites de ingresos y patrimonio que hasta ahora condicionaban el acceso al sistema simplificado. De aprobarse la iniciativa, todas las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por este mecanismo, sin importar el nivel de ingresos o bienes declarados.
Nuevos criterios para las diferencias fiscales
El proyecto también redefine el concepto de «discrepancia significativa», criterio que utiliza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para cuestionar las declaraciones juradas de los contribuyentes.
La propuesta establece que existirá una discrepancia cuando la diferencia detectada implique un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado, supere los montos previstos en el Régimen Penal Tributario o se compruebe la utilización de facturas apócrifas o el cómputo indebido de ingresos.
Además, incorpora un piso mínimo equivalente al 5% del monto establecido por el Régimen Penal Tributario —actualmente fijado en 5 millones de pesos— para evitar que diferencias menores generen impugnaciones consideradas desproporcionadas.
Otro de los puntos destacados del proyecto permite que los contribuyentes rectifiquen su declaración jurada y cancelen las diferencias detectadas dentro de los 15 días posteriores a la notificación, sin perder los beneficios contemplados por el régimen simplificado.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca avanzar en una reforma orientada a ampliar la formalización de los ahorros, simplificar las obligaciones tributarias y generar mayores incentivos para que esos recursos se incorporen al sistema financiero y a la economía formal.