El fiscal federal Franco Picardi convocó a declarar a Diego Spagnuolo y a un grupo de exfuncionarios y empresarios vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad, tras detectar indicios de un posible entramado delictivo en compras de medicamentos e insumos de alto costo. La causa investiga sobornos, direccionamiento y sobreprecios que habrían perjudicado al Programa Incluir Salud y a una población especialmente vulnerable.

La pesquisa que concentra la atención judicial desde agosto avanzó un nuevo paso luego de que el fiscal federal Franco Picardi citara a indagatoria a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida alcanza también a otros antiguos funcionarios del organismo y a representantes del sector privado vinculados a droguerías y prestadores, sumando un total de 15 personas convocadas a comparecer ante la Justicia.

De acuerdo con fuentes judiciales, Picardi habría identificado maniobras que incluirían direccionamiento en procesos de compra, sobreprecios y presuntos pagos de coimas a funcionarios para asegurar adjudicaciones. Las irregularidades, según la investigación, afectarían directamente al Programa Incluir Salud, destinado a personas con pensiones no contributivas que carecen de otra cobertura médica, entre ellas madres con siete hijos y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

En paralelo, la causa también analiza el presunto pago de sobornos por parte de empresas proveedoras que buscaban asegurarse contratos con la ANDIS. Entre los citados se encuentra Daniel Garbellini, ex número dos del organismo, señalado por haber articulado un sistema paralelo para solicitar retornos.

El expediente cobró impulso tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, divulgados originalmente por el canal de streaming Carnaval, en los que se describiría un esquema de retornos del 3% en la compra de medicamentos. Esas mismas conversaciones mencionaban a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem, aunque ninguno de ellos fue imputado en la causa.

La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, presentó días atrás un escrito en el que cuestionó la autenticidad de los audios y sostuvo que podrían haber sido generados mediante inteligencia artificial. El propio exfuncionario habría expresado ante su círculo cercano que no reconoce haber mantenido esa conversación y que el material pudo haber sido manipulado. Por ello, una de las primeras medidas será solicitar las grabaciones completas para su análisis técnico.

Pese a esos planteos, trascendió que el fiscal contaría con más material audiovisual que comprometería al exdirector de la ANDIS. En tanto, Spagnuolo fue apartado del cargo por decisión del presidente Javier Milei, inmediatamente después de conocerse las grabaciones, y desde entonces se habría mantenido alejado del Gobierno. Actualmente reside en un country de Pilar y retomó su actividad como abogado, con un voluminoso estudio que ya tenía cerca de 300 expedientes antes de asumir en el organismo.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, mientras se espera que las indagatorias aporten nuevos elementos para determinar responsabilidades en un caso que involucra fondos públicos y afecta a un sector de la población de alta vulnerabilidad.