La Casa Rosada avanzará con una estrategia judicial tras la decisión que obliga a aplicar la norma. Mientras tanto, prevé cumplir con transferencias mensuales sin incorporar el impacto total al presupuesto.

El Gobierno nacional definió apelar la resolución que ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de tensión entre el Poder Ejecutivo y la Justicia por el alcance fiscal de la medida. La decisión se toma mientras los equipos técnicos analizan alternativas para su implementación gradual.

Desde el entorno del presidente Javier Milei confirmaron que los equipos jurídicos ya trabajan sobre los expedientes y delinean la estrategia procesal. En paralelo, evalúan una salida administrativa que permita cumplir con lo ordenado judicialmente sin comprometer de manera inmediata el equilibrio presupuestario.

La resolución fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que dejó firme la cautelar sobre la ley 27.795, sancionada en octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso. Ante este escenario, el Ejecutivo recurrirá primero a un recurso extraordinario ante el mismo tribunal, paso previo a una eventual presentación ante la Corte Suprema.

En el plano operativo, la Casa Rosada anticipó que avanzará con una implementación “por goteo”, mediante transferencias mensuales destinadas a cubrir salarios, becas y partidas universitarias. La intención oficial es evitar que el costo total se consolide como un aumento estructural del gasto dentro del presupuesto anual.

El núcleo del conflicto radica en los artículos que obligan a actualizar los salarios docentes y no docentes conforme a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, además de recomponer becas estudiantiles y garantizar financiamiento para investigación. Estos puntos son los que el Gobierno considera de mayor impacto fiscal.

En ese marco, fuentes oficiales indicaron que se buscará cubrir las erogaciones mínimas necesarias mientras se sostiene la disputa judicial. La estrategia apunta a cumplir formalmente con la medida sin resignar la postura política sobre el control del gasto público.

Cabe recordar que, al momento de promulgar la ley, el Ejecutivo había intentado limitar su aplicación mediante el decreto 759/2025, argumentando la necesidad de definir previamente las fuentes de financiamiento. Ese criterio fue rechazado nuevamente por la Justicia en el reciente fallo.

A mediano plazo, el oficialismo planea enviar un nuevo proyecto al Congreso para modificar el esquema vigente. La iniciativa buscará reemplazar el sistema de actualización automática por un mecanismo más acotado, sin avanzar en la derogación total de la norma.

En el Gobierno también analizan antecedentes recientes, como el caso de la normativa vinculada a discapacidad, donde se optó por reglamentar por decreto en medio de disputas judiciales. Bajo esa lógica, no descartan avanzar en una reglamentación específica para el financiamiento universitario.