Tras la confirmación de la condena por parte de una Corte de Apelaciones de Estados Unidos, la Casa Rosada estudia diferentes recursos legales para demorar la ejecución del fallo que obliga al Estado argentino a afrontar un pago superior a los 390 millones de dólares.
El Gobierno nacional avanza en la evaluación de las herramientas jurídicas disponibles luego de que la Justicia de Estados Unidos ratificara la sentencia vinculada a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La prioridad oficial es impedir que la decisión judicial tenga efectos inmediatos mientras se agotan las instancias de apelación previstas por la legislación estadounidense.
La defensa del Estado, encabezada por la Procuración del Tesoro, analiza distintas alternativas para continuar el litigio. Entre ellas figura solicitar que la propia Cámara de Apelaciones revise nuevamente la resolución, pedir que el expediente sea tratado por un pleno de magistrados del mismo tribunal o presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
En paralelo, el Ejecutivo también estudia solicitar la suspensión de la ejecución del fallo hasta que se resuelvan esos planteos. De esa manera, busca evitar que la firma demandante pueda avanzar con medidas destinadas al cobro de la condena o impulsar acciones sobre bienes argentinos ubicados en territorio estadounidense.
El litigio enfrenta al Estado argentino con Titan Consortium 1 LLC, empresa que adquirió los derechos económicos derivados del arbitraje iniciado por compañías del Grupo Marsans tras la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. La Justicia estadounidense reconoció un monto de 390.907.115 dólares, calculado al 10 de diciembre de 2024, al que se suman los intereses correspondientes.
El conflicto judicial se originó en 2009, cuando sociedades vinculadas al Grupo Marsans presentaron una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), al considerar que la expropiación de sus acciones, dispuesta mediante la Ley 26.466 en 2008, había afectado sus inversiones.
En 2017, un tribunal arbitral del CIADI condenó a la Argentina al pago de aproximadamente 321 millones de dólares, además de intereses y costas. Dos años más tarde, un comité ad hoc rechazó el pedido de nulidad presentado por el país, dejando firme ese laudo arbitral.
Posteriormente, Titan inició en 2021 el proceso para que la sentencia fuera reconocida y ejecutada en Estados Unidos. En 2024, un tribunal federal determinó que el plazo de prescripción aplicable era de doce años, criterio que ahora fue ratificado por la Corte de Apelaciones, rechazando la postura argentina que sostenía un límite de tres años.
Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo inmediato es ganar tiempo para reducir el impacto económico y jurídico del fallo. En ese marco, buscan evitar que la resolución fortalezca eventuales pedidos de embargo o facilite el reconocimiento de la sentencia en otras jurisdicciones estadounidenses.
El Gobierno también aclaró que la condena recae exclusivamente sobre el Estado nacional y no compromete el funcionamiento ni el patrimonio de Aerolíneas Argentinas como empresa. Además, considera que este expediente forma parte de los litigios internacionales heredados por decisiones adoptadas en administraciones anteriores.
En paralelo, las autoridades siguen de cerca la posible repercusión que este antecedente pueda tener sobre otros reclamos internacionales pendientes contra la Argentina, entre ellos el caso impulsado por la empresa italiana Webuild. Sin descartar una eventual negociación con Titan Consortium, el Ejecutivo mantiene abiertas todas las alternativas legales antes de definir el próximo paso en la estrategia judicial.