Con respaldo del oficialismo y bloques aliados, la Cámara alta sancionó la Ley de Inocencia Fiscal. La norma eleva los montos de evasión penal, redefine los plazos de prescripción y crea un régimen simplificado de Ganancias, en medio de un debate cargado de tensión política.

En una sesión extensa y atravesada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas económicas centrales impulsadas por el Gobierno nacional. El proyecto obtuvo 43 votos afirmativos y 26 negativos, con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical y senadores vinculados a distintos gobernadores, además de legisladores que suelen actuar con independencia.

El bloque kirchnerista rechazó en su totalidad la iniciativa bajo la conducción de José Mayans, al advertir que la norma podría favorecer a quienes mantuvieron fondos fuera del circuito legal. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la ley como una herramienta destinada a ampliar la base tributaria, atraer divisas y reducir la judicialización en materia fiscal.

La iniciativa fue elaborada en el ámbito del Poder Ejecutivo y terminó de definirse en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo. En su redacción intervinieron el ministro de Economía, Luis Caputo; Juan Pazo, ex titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; y la directora del Banco Central, Silvina Rivarola. Antes de su ingreso al Congreso, el texto fue sometido a análisis técnicos y consultas con especialistas en derecho tributario, penal y prevención del lavado de activos.

Según explicaron fuentes oficiales, la ley busca otorgar previsibilidad a los contribuyentes considerados de buena fe y reforzar el principio de inocencia en materia fiscal. En ese marco, se establece que la ARCA ya no podrá recurrir automáticamente a la vía penal cuando las diferencias impositivas surjan de interpretaciones técnicas, cuestiones contables o presunciones legales sin otros elementos de prueba.

Uno de los cambios centrales es la actualización de los montos que configuran delito penal. El umbral para la evasión simple se eleva de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada pasa de 15 millones a 1.000 millones. Además, la norma habilita la extinción de la acción penal mediante el pago total de la deuda más un recargo del 50%, siempre que se realice dentro de los 30 días y por única vez por persona o empresa.

La ley también dispone que, cuando prescriben las facultades del Estado para determinar o exigir un tributo, se extingue automáticamente la persecución penal asociada. A su vez, redefine los plazos de prescripción según el nivel de cumplimiento del contribuyente: tres años para quienes cumplen regularmente, cinco para situaciones intermedias y diez años para no inscriptos. En ese esquema, se elimina la suspensión automática de la prescripción por el inicio de una determinación de oficio, lo que obliga al fisco a actuar en plazos más acotados.

Otro eje relevante es la creación de un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. Podrán adherir personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio inferior a 10.000 millones. En este sistema, el impuesto se calculará sobre la facturación y la declaración será confeccionada por el propio organismo recaudador con la información disponible. Quienes cumplan en término quedarán liberados de otras obligaciones formales, salvo en casos de errores graves.

El texto aprobado introduce modificaciones en el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), en la Ley de Procedimientos Fiscales (11.683) y en el Código Civil y Comercial de la Nación. No obstante, aclara que no elimina impuestos, no borra antecedentes fiscales y no modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno avanzó en su estrategia económica y fiscal orientada a regularizar fondos no declarados, captar divisas y reducir la presión penal sobre contribuyentes cumplidores, en una jornada parlamentaria marcada por la tensión política y un debate que atravesó a todo el arco legislativo.

ph Senado de la NaciónLUIS ROBAYO – AFP