El Gobierno nacional quedó habilitado para concretar el pago a los bonistas que aún mantenían reclamos judiciales por el default de 2001, luego de que se publicara en el Boletín Oficial la ley que aprobó el Congreso. La medida representa un paso clave para cerrar uno de los litigios más importantes relacionados con la deuda externa argentina.
La publicación de la norma permite al Ministerio de Economía avanzar con los acuerdos alcanzados con los fondos de inversión que continuaban litigando contra el país. Sin embargo, el Tesoro nacional todavía deberá definir la fecha en la que se efectuarán los pagos, que serán contabilizados como parte de los servicios de la deuda pública.
Uno de los acuerdos corresponde al fondo Bainbridge, que recibirá 67 millones de dólares. A cambio, el acreedor renunciará a todas las demandas y reclamos vinculados con los bonos en default, dando por cancelada de manera definitiva la deuda, incluidos el capital y los intereses.
Además, el Congreso aprobó un segundo convenio con un grupo de fondos liderado por Attestor Master. Aunque trascendió que el pago rondará los 104 millones de dólares, el texto completo de ese acuerdo aún no fue difundido oficialmente.
Con estos entendimientos, el Gobierno busca poner fin al conflicto con los llamados holdouts, es decir, los acreedores que no aceptaron los canjes de deuda realizados tras el default de 2001 y continuaron reclamando el cobro en tribunales internacionales. Si bien todavía existen inversores particulares con bonos impagos, el Ejecutivo considera que estos ya no representan el mismo nivel de presión judicial que ejercían los grandes fondos de inversión.
A pesar de este avance, la Argentina aún enfrenta otros litigios internacionales vinculados a su deuda, cuyos reclamos superan los 10.000 millones de dólares.
Uno de los casos más relevantes es el de los cupones atados al PBI, originado por la modificación de la metodología para calcular el crecimiento económico durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el Reino Unido ya existe un fallo definitivo que obliga al país a negociar un pago cercano a los 1.800 millones de dólares. Paralelamente, en Estados Unidos continúan abiertas demandas por la versión emitida en dólares, cuyo costo podría incrementarse si prosperan nuevas presentaciones judiciales.
Otro expediente de importancia corresponde a la expropiación de Aerolíneas Argentinas. En esa causa, el fondo Titan Consortium obtuvo un fallo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por aproximadamente 390 millones de dólares y busca que la sentencia sea reconocida por la Justicia estadounidense, mientras el Estado argentino intenta revertir esa decisión.
A estos procesos se suma el litigio por la expropiación de YPF. El fondo Burford Capital, que financió la demanda contra la Argentina, anunció que continuará la disputa tanto ante el CIADI como mediante una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque reconoció que las posibilidades de éxito de ese recurso son reducidas. De esta manera, si bien el acuerdo con los bonistas del default representa un avance importante para reducir los conflictos judiciales por la deuda, el país aún deberá afrontar otras causas de alto impacto económico en los tribunales internacionales.