El Gobierno nacional presentará una apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín tras una sentencia que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad y dejó sin efecto un artículo clave del Decreto 681/2025.

La resolución judicial que cuestionó la validez de un decreto presidencial generó una nueva controversia institucional. Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que impugnarán el fallo emitido por el Juzgado Federal de Campana, al considerar que la decisión interfiere con atribuciones propias del Gobierno en la administración del presupuesto nacional.

La sentencia fue dictada por el juez federal Adrián González Charvay en respuesta a un amparo colectivo impulsado por familias de personas con Certificado Único de Discapacidad, acompañadas por organizaciones vinculadas al sector. Los presentantes advirtieron que la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad dejó sin respuestas a miles de beneficiarios y agravó el funcionamiento del sistema de prestaciones.

En su análisis, el magistrado declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025, al sostener que el Ejecutivo no puede suspender una ley que fue ratificada por el Congreso. Según el fallo, la medida presidencial contradijo el procedimiento constitucional y excedió las facultades conferidas al Poder Ejecutivo.

Desde la Casa Rosada cuestionaron los fundamentos del juez y señalaron que la aplicación de la Ley 27.793, que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027, requiere recursos económicos que no fueron previstos por el Parlamento. En ese sentido, advirtieron que avanzar sin partidas asignadas podría comprometer el equilibrio fiscal y afectar otras políticas públicas prioritarias.

El fallo también rechazó los argumentos del Ministerio de Salud, al indicar que la Jefatura de Gabinete realizó numerosas reasignaciones presupuestarias desde fines de 2023 y que ese mecanismo podría utilizarse para dar cumplimiento a la norma. Esta interpretación fue objetada por el Ejecutivo, que insistió en la necesidad de un marco presupuestario definido.

La relación entre el Gobierno y el juez González Charvay ya presentaba antecedentes de tensión. Meses atrás, el magistrado había invalidado otro decreto vinculado al financiamiento de las prestaciones gestionadas por la Agencia Nacional de Discapacidad, una decisión que fue duramente cuestionada en ámbitos oficiales.

Mientras se redacta la apelación, el oficialismo analiza los pasos a seguir en caso de que la Cámara Federal de San Martín ratifique la sentencia. Fuentes gubernamentales no descartan que el conflicto llegue a la Corte Suprema de Justicia si el planteo del Ejecutivo no prospera en instancias inferiores.