Migraciones intensifica los procedimientos junto a las fuerzas federales para detectar irregularidades y avanza con sistemas de información, alertas y herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer la fiscalización.

El Gobierno nacional amplió durante los últimos meses el esquema de control migratorio en distintos puntos del país, con operativos coordinados entre la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales. La estrategia contempla intervenciones en zonas de tránsito o concentración de extranjeros y el uso de información para determinar dónde realizar los procedimientos.

Los operativos pueden surgir de una planificación previa o activarse a partir de determinados requerimientos. En cada caso, Migraciones puede trabajar junto a la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura Naval o la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Desde el Ejecutivo señalaron que estos despliegues no necesitan una comunicación anticipada a los gobiernos provinciales.

Uno de los procedimientos recientes de mayor alcance se llevó adelante en Rosario, donde participaron cerca de 60 agentes y fueron controladas unas 420 personas. De acuerdo con fuentes oficiales, ocho extranjeros presentaron irregularidades migratorias y entre ellos había un ciudadano chino que tenía una orden de expulsión vigente.

Las medidas que se adoptan luego de un control dependen de la situación detectada. Una persona con la permanencia vencida o con documentación pendiente puede ser intimada a regularizar su situación. En cambio, ante un ingreso por un paso no habilitado puede iniciarse un proceso que derive en la expulsión. Si existen causas judiciales o pedidos internacionales, intervienen las autoridades correspondientes.

El marco de actuación también se amplió a partir del DNU 366/2025, que otorgó a Migraciones facultades específicas para verificar la identidad y la condición migratoria de las personas, además de organizar tareas de inspección y fiscalización. La normativa contempla la posibilidad de expulsión ante ingresos realizados por pasos no habilitados o mediante la evasión de los controles, así como el rechazo en frontera cuando la irregularidad sea detectada en el momento del ingreso.

En junio, el Gobierno reforzó la estructura mediante la creación del Programa de Seguridad Migratoria. A través de la Resolución 551/2026 se estableció una coordinación permanente entre Migraciones y las cuatro fuerzas federales, además de la creación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de esos organismos para prevenir, detectar e investigar delitos vinculados con cuestiones migratorias.

Los controles también se realizaron en otras provincias. En abril, un operativo conjunto en Aguaray, Salta, permitió controlar a 423 personas y detectar a 15 extranjeros en situación irregular. Las tareas continuaron posteriormente en Tartagal. En julio, Gendarmería identificó en Misiones a cinco ciudadanos chinos que no contaban con registros de ingreso legal al país, tras lo cual Migraciones dispuso su salida hacia Brasil.

La estrategia oficial incluye además una reorganización tecnológica de la Dirección Nacional de Migraciones. En julio se inició una contratación por 36 meses destinada a administrar información de pasajeros que ingresan o egresan de la Argentina a través de aeropuertos internacionales y terminales de cruceros.

Ese mecanismo se suma a la plataforma central de control migratorio, que permite cruzar movimientos con información de Interpol y con datos anticipados aportados por las empresas de transporte.

A este esquema se incorporó durante este año el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), integrado por Migraciones, las cuatro fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. El sistema contempla cruces automatizados de información y la generación de alertas mediante análisis de riesgo, con la obligación de establecer el origen y el nivel de confiabilidad de cada señal.

En paralelo, Migraciones estableció nuevas reglas para el manejo de la información interna. Desde julio, sus trabajadores deben firmar un compromiso de confidencialidad y utilización responsable de los datos, que incluye información personal, movimientos migratorios, antecedentes, decisiones judiciales y actuaciones administrativas. Las consultas realizadas en los sistemas pueden ser registradas y sometidas a auditorías.

El Gobierno también sumó cambios al marco migratorio mediante el DNU 681/2026. La norma incorporó como causal para impedir el ingreso o cancelar una residencia la difusión de mensajes de odio o llamados a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, así como la participación en actos considerados ultrajes contra símbolos patrios.

Cuando la medida alcanza a una persona que ya posee residencia, la cancelación puede derivar en una intimación para abandonar el territorio nacional o en una expulsión, dependiendo de las circunstancias.

La Casa Rosada pretende incorporar esta nueva causal al sistema existente de alertas migratorias, de modo que el antecedente pueda quedar asociado a la persona y ser consultado por los inspectores ante un eventual ingreso al país. Sin embargo, todavía deben definirse aspectos del procedimiento, entre ellos quién podrá generar las alertas, qué elementos deberán respaldarlas y qué autoridad tendrá a su cargo la validación.

Desde el Ejecutivo consideran que el endurecimiento de la política migratoria cuenta con respaldo dentro del electorado libertario y anticipan que la agenda continuará profundizándose.