En la novena audiencia del juicio por el tramo “La Camarita”, los empresarios imputados expusieron ante el Tribunal Oral Federal 7 presuntas extorsiones, pagos irregulares y maniobras vinculadas a obras públicas viales durante gobiernos kirchneristas. Los testimonios apuntaron a Julio De Vido, José López y Ernesto Clarens como piezas centrales del esquema.

La causa Cuadernos avanzó este jueves con la novena audiencia del juicio, dedicada a la lectura de los descargos de empresarios involucrados en presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales. Ante el Tribunal Oral Federal 7, se repasaron declaraciones que describen un sistema de presiones políticas, demoras deliberadas y pagos exigidos para destrabar certificaciones y mantener la continuidad contractual. Entre los testimonios más contundentes estuvo el de Aldo Roggio, quien aseguró que durante el kirchnerismo recibió presiones directas y que las empresas eran empujadas a realizar aportes económicos si querían evitar obstáculos administrativos.

Roggio afirmó que quienes no aceptaban estas condiciones sufrían retrasos en pagos, redeterminaciones de precios y certificaciones, y señaló a exfuncionarios como Julio De Vido, José López, Roberto Baratta y Claudio Uberti como responsables de esos “aprietes”. Según explicó, los aportes exigidos no respondían a porcentajes fijos, sino a pedidos puntuales que, en los momentos críticos, eran canalizados a través del financista Ernesto Clarens.

Clarens, pieza clave del mecanismo investigado, también fue protagonista de la audiencia. Detalló un esquema de recaudación en el que recibía dinero de las empresas, lo convertía en dólares y lo entregaba a López, quien definía los pagos mensuales de Vialidad Nacional. Afirmó que los retornos llegaban a entre el 3% y el 5% de los contratos, y precisó cómo se distribuían los fondos hacia López, De Vido y otros funcionarios. Carlos Wagner, otro arrepentido relevante, confirmó que desde 2006 comenzaron a profundizarse retrasos injustificados en certificaciones y redeterminaciones, lo que generó un escenario de asfixia financiera para las compañías y derivó en aportes obligados para poder continuar trabajando.

El empresario Ángelo Calcaterra explicó que en ocasiones recurrieron a Clarens para destrabar deudas que se acumulaban en Vialidad, lo que luego implicaba hacer entregas de dinero “en reconocimiento”. Miguel Marcelino Aznar, titular de Vialco y Decavial, denunció presiones concretas y exigencias de pagos mensuales —estimadas en 25 mil dólares— para evitar represalias en la asignación de obras. Varios testimonios coincidieron en que las compañías quedaban atrapadas entre deudas crecientes y la necesidad de cumplir con aportes para no detener las obras.

También se repasó la confesión de José López, quien en 2018 detalló el funcionamiento interno del sistema: afirmó que Cristina Fernández de Kirchner y De Vido recibían mensualmente los listados de pagos de obras viales, que se ajustaban según sus indicaciones y priorizaban a empresas determinadas. López describió además una entrega de alrededor de 8 millones de dólares en el departamento de la calle Uruguay, vinculada —según dijo— a la campaña electoral de 2007. Sostuvo que el mecanismo operó hasta la muerte de Néstor Kirchner y que luego fue retomado bajo la supervisión directa de la entonces presidenta.

El tramo conocido como “La Camarita” involucra a Cristina Fernández de Kirchner, De Vido, López y otros cinco exfuncionarios, además de 43 empresarios acusados de asociación ilícita, cohecho pasivo y activo. Esta parte del expediente, derivada de la causa principal iniciada en 2018, investiga presuntos retornos en obras civiles no viales mediante aportes gestionados por Clarens. Las audiencias continuarán el próximo martes 16, a las 13.30, con nuevas lecturas antes del cierre del año judicial.

PH : captura YouTube @pjn)