El Ministerio de Capital Humano confirmó que recurrirá la decisión judicial que frenó parte de la reforma laboral y cuestionó a sectores que buscan impedir su aplicación.
El Ejecutivo nacional resolvió avanzar con la apelación del fallo que suspendió de manera provisoria varios artículos de la reforma laboral, en un intento por revertir la medida y restablecer su vigencia. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano, que actuará con el respaldo de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que la medida judicial responde a intereses sectoriales que buscan frenar cambios considerados clave para la economía. En un comunicado oficial, el organismo sostuvo que estas acciones intentan obstaculizar reformas orientadas a reducir el desempleo y revertir el estancamiento económico.
La apelación se produce luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 hiciera lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo, que logró suspender la aplicación de distintos puntos de la ley 27.802. La resolución tiene carácter transitorio y se mantendrá hasta que se defina la cuestión de fondo.
El objetivo del Gobierno es que la Justicia deje sin efecto la cautelar para que los artículos cuestionados vuelvan a regir mientras continúa el debate sobre su constitucionalidad. En ese sentido, desde el oficialismo remarcaron su compromiso con la normativa, a la que consideran una herramienta clave para fomentar el empleo formal, mejorar la competitividad y brindar mayor seguridad jurídica.
En paralelo, la CGT sostiene su estrategia judicial para impugnar la reforma, al considerar que varios de sus artículos afectan derechos laborales y sindicales. El reclamo fue presentado como una acción colectiva en representación de trabajadores de todo el país.
En su fallo, el juez argumentó que la suspensión preventiva busca evitar posibles daños de difícil reparación si la ley se aplicara antes de una sentencia definitiva. También mencionó el “peligro en la demora” como uno de los fundamentos para dictar la cautelar.
Desde el Estado nacional, en tanto, advirtieron que la decisión judicial podría impactar en políticas públicas definidas por el Congreso. No obstante, el magistrado sostuvo que el control de constitucionalidad es una función propia del Poder Judicial y necesaria para garantizar el equilibrio institucional.
El proceso judicial seguirá en el fuero laboral, donde se analizará en profundidad la validez de los artículos cuestionados por la central obrera, que sostiene que las modificaciones introducidas por la reforma vulneran derechos de los trabajadores y afectan la actividad sindical.
ph losandes