Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y el proyecto pasó al Senado

Con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques aliados, la Cámara baja dio media sanción al nuevo régimen penal juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad. La iniciativa generó fuertes cruces por su financiamiento y el enfoque punitivo señalado por la oposición.

La Cámara de Diputados otorgó un nuevo triunfo legislativo al oficialismo al aprobar, por amplia mayoría, el proyecto que modifica el régimen penal juvenil y establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La propuesta obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, y ahora deberá ser debatida en el Senado para convertirse en ley.

El respaldo fue conseguido por el bloque de La Libertad Avanza con el acompañamiento de sus socios habituales, como Pro, la UCR y fuerzas provinciales. En cambio, el kirchnerismo, sectores del peronismo, legisladores cercanos al gobernador Raúl Jalil, la diputada cordobesa Natalia De la Sota y la izquierda rechazaron la iniciativa, a la que calificaron como una medida de corte punitivista.

Tras la aprobación general, el debate se tornó áspero al tratarse los artículos en particular, ya que algunos aliados del oficialismo expresaron reparos sobre la falta de precisión en el financiamiento. Diputados como Miguel Pichetto advirtieron que el apoyo podría transformarse en abstención si no se garantizaban recursos suficientes. Sin embargo, el oficialismo descartó modificaciones, y la votación final ratificó el texto.

La sesión fue seguida desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, entre ellos Romina Monzón, madre de Jeremías Monzón, adolescente asesinado en Santa Fe. Ese caso fue uno de los motivos por los cuales el Ejecutivo impulsó el tratamiento del proyecto en sesiones extraordinarias, tras casi un año de demora.

El nuevo régimen fija en 14 años el piso de punibilidad y establece un máximo de 15 años para penas privativas de libertad en adolescentes. No obstante, limita la prisión efectiva a delitos graves con escalas superiores a diez años. Para otros casos prevé sanciones alternativas, como tareas comunitarias, medidas de reparación o restricciones de acercamiento a las víctimas.

El texto también incorpora garantías procesales y define la privación de la libertad como última instancia. Además, determina que los menores detenidos deberán estar alojados en espacios separados de los adultos, con acceso a educación, salud y programas de reinserción.

La iniciativa contempla un plazo de seis meses desde su reglamentación para su entrada en vigencia, tiempo durante el cual provincias y sistema penitenciario federal deberán adecuar instalaciones. Incluye una asignación presupuestaria inicial de 23.000 millones de pesos, cifra que la oposición considera insuficiente y que podría trasladar el peso económico a los gobiernos provinciales.

Durante el debate, la diputada Laura Rodríguez Machado defendió el proyecto y negó que busque criminalizar a los jóvenes, destacando las penas alternativas previstas. Desde Pro y la UCR celebraron la medida como un avance frente a la inseguridad, mientras que desde Unión por la Patria cuestionaron la falta de políticas de prevención, inclusión y financiamiento real.

Con la media sanción obtenida, el régimen penal juvenil abre una nueva discusión en el Congreso, donde el Senado tendrá ahora la última palabra sobre una de las reformas más sensibles en materia de seguridad y justicia.