El Gobierno eliminó el capítulo de Ganancias y acordó 28 cambios para avanzar con la reforma laboral en el Senado

La jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, confirmó las modificaciones consensuadas con la oposición dialoguista. El Ejecutivo busca obtener la media sanción en una sesión atravesada por la marcha de la CGT y un paro general convocado en rechazo al proyecto.

En la antesala de la sesión prevista para este miércoles, el oficialismo ajustó el texto de la reforma laboral con el objetivo de asegurar los votos necesarios en el Senado. Tras negociaciones con bloques aliados y gobernadores, el Gobierno resolvió retirar el capítulo que modificaba el Impuesto a las Ganancias —que impactaba en la recaudación provincial— y oficializó un total de 28 cambios al proyecto original.

El anuncio fue realizado por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, quien estuvo acompañada por representantes de espacios aliados. La eliminación del apartado referido a Ganancias respondía a uno de los principales reclamos de los mandatarios provinciales y era considerada el obstáculo central para avanzar con la media sanción. En ese marco, desde el Ejecutivo confían en que la votación resultará favorable y que luego el debate continuará en la Cámara de Diputados.

Las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, con distintos gobernadores fueron determinantes para destrabar la negociación. Sin embargo, la discusión parlamentaria se desarrollará en un contexto de fuerte tensión en las inmediaciones del Congreso, donde la CGT encabezará una movilización contra la iniciativa y gremios como ATE, la CTA y sindicatos del transporte convocaron a un paro general. Además, docentes universitarios nucleados en CONADU confirmaron su adhesión a la protesta y anunciaron un plan de lucha con paros y movilizaciones.

Según detalló Bullrich, el nuevo texto incorpora aportes de distintos bloques y provincias y apunta a modernizar el marco normativo del empleo formal, reducir la litigiosidad y promover la contratación. Entre los cambios centrales figura una nueva fórmula para calcular la indemnización por despido sin causa, que tomará como base únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como aguinaldo y vacaciones, y establece que será la única compensación económica.

El proyecto también propone un esquema de actualización de créditos laborales que combina el Índice de Precios al Consumidor con un adicional del 3% anual, con el objetivo de otorgar previsibilidad y evitar distorsiones en montos judicializados. Asimismo, crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos de desvinculación e indemnizaciones, financiado exclusivamente por empleadores con aportes del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, bajo la figura de un patrimonio separado e inembargable.

Entre otros puntos, la iniciativa establece una registración laboral simplificada y digital mediante inscripción ante ARCA, habilita la digitalización de los libros laborales con validez legal por diez años, redefine los beneficios sociales no remunerativos y permite la implementación voluntaria de un banco de horas por acuerdo entre las partes. También introduce cambios en el régimen de vacaciones, habilitando su fraccionamiento y su otorgamiento fuera de la temporada tradicional.

El texto incorpora además un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, enfocado en la capacitación y la inserción de jóvenes y personas sin experiencia, y un Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión orientado a fomentar inversiones productivas y tecnológicas. Finalmente, prevé una reducción de cargas sociales para nuevas contrataciones, prioriza los convenios de empresa por sobre los acuerdos nacionales y deja planteado el compromiso de avanzar en una futura reforma fiscal integral en coordinación con las provincias.