Las principales cámaras que representan a las pequeñas y medianas empresas expresaron su respaldo general a la iniciativa del Gobierno, pero solicitaron la eliminación de cinco artículos que, según advierten, podrían generar incertidumbre jurídica y afectar la negociación laboral. Los planteos fueron acercados al Senado y discutidos con equipos técnicos del oficialismo.
El debate por la reforma laboral comenzó a intensificarse antes de su tratamiento en el recinto y sumó un nuevo actor al escenario político: las cámaras empresariales vinculadas a las pymes. A los cuestionamientos formulados por gobernadores y la CGT se agregaron ahora las observaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).
Las tres entidades enviaron un documento a la Cámara alta en el que solicitan la eliminación de cinco artículos del proyecto y, en paralelo, mantuvieron una reunión con los equipos técnicos que responden a la ministra Patricia Bullrich para exponer formalmente sus preocupaciones. Tras el encuentro, el titular de la CAC, Natalio Mario Grinman, explicó que los equipos técnicos continuarán trabajando para acercar propuestas que permitan compatibilizar la iniciativa oficial con la mirada del sector empresario pyme.
Según argumentan las organizaciones, los artículos cuestionados —del 126 al 132— podrían contradecir los objetivos declarados de la reforma y abrir un escenario de mayor inseguridad tanto para empleadores como para trabajadores. Aunque aclararon que acompañan el espíritu general del proyecto, señalaron que algunos puntos resultan problemáticos si se analizan desde la lógica de las pequeñas y medianas empresas y del entramado industrial.
Uno de los ejes centrales del reclamo es el artículo 126, que propone poner fin a la ultraactividad de los convenios colectivos, obligando a su renegociación una vez vencidos. Desde el sector empresario advirtieron que esta dinámica podría generar vacíos normativos y dificultades prácticas, especialmente para las empresas más chicas, que no cuentan con la misma capacidad de negociación que las grandes compañías. Este punto, además, marca diferencias con la Unión Industrial Argentina (UIA), que había respaldado la modificación en el marco del Consejo de Mayo.
Otro aspecto cuestionado es el artículo 128, que elimina los aportes obligatorios a las asociaciones empresarias pero mantiene los de los sindicatos. Las cámaras consideran que esta disposición introduce un trato desigual, debilita la representación patronal y puede alterar el equilibrio en las negociaciones colectivas.
También manifestaron reparos sobre los artículos 130 y 131, que priorizan los convenios por empresa por sobre los sectoriales. A criterio de las entidades, esta lógica fragmentaría el marco regulatorio, generaría diferencias salariales difíciles de justificar y atentaría contra el principio de igualdad salarial por igual tarea.
Por último, el artículo 132 habilita al Estado a suspender convenios colectivos por razones amplias, como “distorsiones económicas graves” o “interés general”. Las cámaras advirtieron que esa facultad discrecional suma un factor de imprevisibilidad que complica la planificación a largo plazo de empresas y trabajadores.
Con estos planteos, el sector pyme busca incidir en la discusión parlamentaria y evitar que la reforma laboral avance sin modificaciones en puntos que consideran sensibles para el funcionamiento del mercado de trabajo.
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