El Gobierno nacional envió un proyecto de ley para autorizar acuerdos con fondos acreedores y poner fin a juicios internacionales que aún afectan a la Argentina desde la crisis de 2001.
La iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei apunta a obtener respaldo parlamentario para concretar pagos negociados con acreedores que mantienen sentencias firmes en tribunales del exterior. Según el texto remitido, los entendimientos alcanzados permitirían resolver conflictos judiciales abiertos desde hace más de dos décadas, vinculados a la cesación de pagos.
Entre los casos incluidos figura el del fondo Bainbridge, cuyo reclamo original ronda los 96 millones de dólares más intereses, y el de un grupo liderado por Attestor, que acumula múltiples fallos favorables por más de 465 millones de dólares. El esquema propuesto contempla desembolsos por 67 millones y 104 millones de dólares respectivamente, con quitas superiores al 30% sobre los montos reclamados.
Desde el Ejecutivo sostienen que avanzar con estos acuerdos permitiría reducir el peso financiero de la deuda en litigio, frenar la acumulación de intereses bajo legislación extranjera y cerrar causas que generan incertidumbre jurídica. Además, uno de los aspectos clave del proyecto es que, una vez firmados los acuerdos, se darían por finalizadas las acciones legales contra el país, incluyendo intentos de embargo sobre bienes estatales en el exterior.
En ese sentido, el Gobierno advirtió que los acreedores habían iniciado procesos para identificar activos argentinos susceptibles de ejecución, como participaciones en empresas públicas y cuentas en el extranjero. También se busca evitar mecanismos judiciales de “discovery”, mediante los cuales los demandantes solicitan información financiera del Estado.
El proyecto incorpora cláusulas destinadas a impedir nuevos litigios y a garantizar que los acreedores no interfieran en futuras operaciones de financiamiento o reestructuración de deuda. Asimismo, el oficialismo solicitó tratamiento urgente, ya que los acuerdos tienen plazo de cierre hasta el 30 de abril de 2026. De no aprobarse antes de esa fecha, podrían caerse y reactivarse los juicios en condiciones más adversas para el país.
El conflicto involucra reclamos que, en conjunto, se acercan a los 600 millones de dólares, aunque el monto final sería menor debido a ejecuciones previas de garantías vinculadas a los bonos Brady. En paralelo, la negociación permitió frenar temporalmente medidas de embargo en Estados Unidos mientras se define la aprobación legislativa.
Con este paso, el Gobierno busca resolver uno de los frentes judiciales heredados del default de 2001 mediante un respaldo institucional más amplio, en un contexto en el que también se siguen de cerca otros casos internacionales, como el vinculado a la expropiación de YPF.
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