PH: Damián Dopacio – NA
El juez federal Adrián González Charvay fijó plazos concretos para que el Ejecutivo ponga en marcha la normativa sancionada por el Congreso y exigió informes al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad sobre el estado de los trámites pendientes.
El Juzgado Federal de Campana intimó al Gobierno nacional a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad y estableció un plazo de dos semanas para que la normativa comience a regir a partir del 4 de febrero. La resolución fue firmada por el magistrado Adrián González Charvay, en el marco de una causa colectiva de alcance nacional impulsada por dos padres de personas con discapacidad.
En paralelo, el juez otorgó cinco días al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad para que informen de manera detallada el grado de avance de los procedimientos administrativos necesarios para cumplir con la ley aprobada por el Congreso. El requerimiento apunta a conocer qué medidas concretas se están adoptando para garantizar su efectiva aplicación.
La decisión judicial se adoptó aun cuando la Cámara Federal de San Martín no se expidió sobre una apelación presentada en el expediente. Ese recurso fue impulsado por el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, luego de que el juez ordenara en diciembre la implementación inmediata de la norma. La presentación quedó radicada en la Sala II del tribunal de alzada, que todavía no emitió un pronunciamiento.
El conflicto institucional se originó tras la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad en julio de 2025. En un primer momento, el presidente Javier Milei vetó la iniciativa argumentando la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. Sin embargo, el Congreso rechazó el veto y el Poder Ejecutivo debió promulgar la ley.
Al momento de la promulgación, el oficialismo incorporó un artículo que suspendía su aplicación, bajo el argumento de que el texto aprobado no especificaba las fuentes de financiamiento para afrontar los nuevos gastos. Esa decisión fue cuestionada en sede judicial y dio lugar a la intervención del Juzgado Federal de Campana.
En su fallo, González Charvay sostuvo que la suspensión dispuesta por el Ejecutivo implicó una intromisión en atribuciones exclusivas del Congreso y vulneró el principio de supremacía constitucional. Además, rechazó el planteo económico del Gobierno al considerar que la propia ley habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para cubrir las erogaciones previstas.
Hasta el momento, ni la Casa Rosada ni el Ministerio de Salud realizaron declaraciones públicas sobre la resolución judicial. Mientras tanto, el avance del proceso quedará sujeto al cumplimiento de los plazos fijados por la Justicia y a lo que determine la Cámara Federal de San Martín respecto de la apelación en trámite.
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