PH: Evariost SA – AFP
Luiz Inácio Lula da Silva vetó el proyecto aprobado por el Congreso que proponía reducir la condena del expresidente Jair Bolsonaro y de otros implicados en los hechos de enero de 2023, aunque el Parlamento aún puede insistir con la iniciativa.
El Gobierno de Brasil rechazó formalmente este 8 de enero la iniciativa legislativa que pretendía modificar las penas impuestas en el marco de la causa por los ataques a las sedes de los tres poderes del Estado. A través de un veto presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva dejó sin efecto, de manera provisoria, el proyecto que había sido avalado por el Congreso en diciembre y que incluía una fuerte reducción de la condena de Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión.
La norma también contemplaba un recorte de las sentencias para los demás condenados por los episodios ocurridos en enero de 2023, cuando seguidores del exmandatario de derecha protagonizaron violentos disturbios e ingresaron por la fuerza al Palacio del Planalto, al Congreso Nacional y a la Corte Suprema. Por esos hechos, cerca de 2.000 personas fueron detenidas y muchas de ellas posteriormente condenadas por la Justicia.
Al referirse al proceso judicial, Lula sostuvo que los responsables fueron juzgados con garantías y en base a pruebas contundentes. En declaraciones realizadas durante un acto en Brasilia, el presidente defendió el accionar de los tribunales y afirmó que las condenas se dictaron tras procesos transparentes e imparciales.
Con el veto ya firmado, el debate vuelve ahora al Congreso. La legislación brasileña establece que el rechazo presidencial puede ser revertido si se reúnen los votos necesarios en ambas cámaras: 257 diputados y 41 senadores en una sesión conjunta. De alcanzarse esa mayoría, la ley podría entrar en vigencia pese a la negativa del Ejecutivo.
El proyecto había sido aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados el 10 de diciembre, con 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención. Días más tarde, el Senado lo convalidó con 48 votos positivos y 25 negativos, números que, de repetirse, abrirían la posibilidad de anular el veto presidencial.
Sin embargo, aun si el Congreso lograra insistir con la norma, su aplicación no estaría garantizada. La Constitución de Brasil permite que el texto sea cuestionado ante la Corte Suprema por partidos políticos, asociaciones profesionales, la Fiscalía General de la República o el propio Gobierno, lo que podría derivar en una nueva instancia judicial sobre las condenas vinculadas a los hechos de enero de 2023.
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