La Casa Rosada prepara un DNU para modificar la gobernanza del Conicet, ordenar incentivos y orientar las investigaciones hacia prioridades productivas regionales. La reforma, postergada por el calendario electoral, avanzaría en el corto plazo.
El Gobierno nacional está ultimando un decreto que transformará el funcionamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con cambios profundos en la forma en que se decide el rumbo de las investigaciones y la distribución de fondos. La iniciativa —desarrollada antes de las elecciones de octubre y pospuesta por las tensiones políticas— apunta a otorgarle al Ejecutivo mayor capacidad de intervención para definir las prioridades científicas.
En Balcarce 50 impulsan un esquema que combine autonomía regional con la centralización de los procesos de investigación en las universidades. La idea es que cada casa de estudios establezca sus líneas de trabajo según las necesidades productivas del territorio, promoviendo proyectos vinculados a sectores estratégicos como minería, energía o salud. Según fuentes oficiales, el objetivo es evitar desarrollos desconectados de la realidad económica local y fortalecer el aporte de la ciencia a la modernización productiva.
El Conicet cuenta actualmente con 26.781 trabajadores entre investigadores, becarios, técnicos y personal administrativo, y administra un presupuesto de $580.000 millones. Su estructura abarca 17 Centros Científico Tecnológicos, 7 Centros de Investigaciones y Transferencia, un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 institutos en colaboración con universidades. La conducción está a cargo de un directorio de ocho miembros encabezado por Daniel Salamone, cuyos mandatos se renuevan parcialmente cada dos años a partir de propuestas de universidades, sectores productivos y organismos provinciales.
Aunque el Ejecutivo dejó en pausa una reforma interna más profunda, planea avanzar en cambios al sistema de ingreso para priorizar perfiles técnicos vinculados a áreas productivas y reducir la incorporación de investigadores de ciencias sociales y humanidades. En la Casa Rosada admiten que el borrador del DNU ya pasó por los equipos de Federico Sturzenegger y de la Secretaría Legal y Técnica, y aseguran que la publicación del texto depende únicamente de la definición del momento político oportuno.
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