La demora de Martín Menem en girar al Senado la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia encendió una nueva disputa en el Congreso. Desde la oposición acusan al titular de Diputados de frenar el debate previo a las elecciones, mientras que en la Cámara Baja aseguran que el retraso se debe a cuestiones administrativas.
El Congreso atraviesa un nuevo foco de conflicto a raíz de la falta de envío al Senado de la reforma sobre la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), aprobada por Diputados el pasado 8 de octubre. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, todavía no remitió el expediente, lo que generó malestar entre senadores que esperan iniciar el tratamiento antes de los comicios del 26 de octubre.
Desde Unión por la Patria, cuyo bloque es conducido por José Mayans, sospechan que la demora responde a una maniobra para postergar la discusión. En ese marco, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la cordobesa Alejandra Vigo, permanece a la espera para poder emitir dictamen. Incluso no se descarta que, si el giro se concreta, el oficialismo intente convocar una sesión especial la próxima semana.
El diputado de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, calificó la retención del proyecto como un hecho “extremadamente grave” y lo vinculó con lo que definió como una “degradación institucional” por parte del Gobierno, recordando además la ausencia de ministros en recientes interpelaciones. El legislador planteó la necesidad de revisar la conducción de la Cámara Baja tras el recambio del 10 de diciembre.
Desde la presidencia de Diputados rechazan las acusaciones políticas y atribuyen la demora a trámites administrativos derivados de una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada, en la que también se resolvieron emplazamientos de comisiones y pedidos de interpelaciones. Señalan que la actividad se reanudó recién el lunes posterior al feriado del 10 de octubre y que en breve se completará el giro pendiente.
El trasfondo de la controversia está en la votación en particular del artículo 3 de la reforma, que fija un plazo de 90 días para que el Congreso dictamine sobre la validez de los DNU. Ese punto no alcanzó la mayoría absoluta de 129 votos, por apenas dos sufragios, lo que obliga a que el proyecto vuelva a ser debatido en la Cámara Alta. En cambio, la votación en general obtuvo un amplio respaldo de 140 votos positivos.
La ley de DNU fue sancionada originalmente en 2006, impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y desde entonces su modificación ha sido un eje de discusión entre oficialismo y oposición. Ahora, la pulseada entre ambas cámaras vuelve a tensar la agenda política a escasos días de las elecciones nacionales.
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