Imagen: AFP
Con la reciente aprobación en el Senado uruguayo, el país vecino se sumó a la reducida lista de naciones que habilitaron la eutanasia. Solo nueve países la reconocen como un derecho, mientras que otros aceptan el suicidio asistido. En la Argentina no está permitido, aunque existe desde 2012 la ley de “muerte digna”, que habilita a rechazar tratamientos médicos que prolonguen el sufrimiento.
Uruguay se convirtió este miércoles en el segundo país de América Latina en legalizar la eutanasia, tras la sanción de una ley que fue debatida durante meses en el Parlamento. Con esta decisión, el país se sumó a un grupo reducido de naciones que permiten este procedimiento médico, que consiste en la intervención directa de un profesional de la salud para poner fin a la vida de un paciente que atraviesa una enfermedad terminal o un padecimiento irreversible.
La eutanasia, que por primera vez fue aprobada en los Países Bajos en 2002, se encuentra vigente también en Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá, Nueva Zelanda, Colombia y Ecuador. A diferencia de este mecanismo, en países como Suiza se admite únicamente el “suicidio asistido”, en el que el médico provee los fármacos, pero la acción final depende del paciente.
El periodista neerlandés Peter Schouten, corresponsal en Buenos Aires del diario Algemeen Dagblad, recordó en diálogo con TN la experiencia de su padre, enfermo de cáncer terminal, que en 2017 accedió a la eutanasia en Países Bajos. “El derecho a decidir el final de la vida es una de las expresiones más puras de libertad. Fue un proceso muy doloroso, pero también un alivio frente a un sufrimiento insoportable”, señaló.
El listado global de países con eutanasia legal es breve. Bélgica, además de permitir el suicidio asistido, fue pionera en aprobarla para niños con enfermedades terminales; Luxemburgo exige la evaluación de dos médicos y un panel de expertos; España autoriza el procedimiento en casos de padecimientos graves e incurables; Canadá lo reguló en 2016 bajo la denominación de “asistencia médica para morir”; y Nueva Zelanda fue la primera nación en hacerlo mediante un referéndum en 2020. En América Latina, además de Uruguay, Colombia lo habilitó por vía judicial en 1997 y lo amplió en 2019, aunque aún enfrenta dificultades de acceso. En Ecuador, la Corte Constitucional despenalizó la práctica en 2024 a raíz del caso de una paciente con esclerosis lateral amiotrófica.
En la Argentina, ni la eutanasia ni el suicidio asistido están autorizados. Sin embargo, en 2012 se sancionó la ley de “muerte digna”, que otorga a los pacientes terminales –o a sus familiares– la posibilidad de rechazar tratamientos invasivos que solo prolonguen la agonía. Según explicó Ariel Antik, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Durand, la norma contempla la negativa a procedimientos médicos como la alimentación e hidratación artificiales, y permite dar directivas anticipadas. “No se trata de eutanasia, sino de respetar el curso natural de la enfermedad, evitando intervenciones fútiles y acompañando con cuidados paliativos”, sostuvo el especialista.
El debate sobre la eutanasia, que cruza dimensiones éticas, legales y médicas, vuelve a instalarse en la región tras la decisión uruguaya. Mientras tanto, en la Argentina la discusión continúa abierta, con un marco normativo que reconoce la autonomía del paciente, pero sin avanzar aún hacia la legalización de la asistencia activa para poner fin a la vida.
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