La justicia federal confirmó el procesamiento del dueño de HLB Pharma y Ramallo S.A., junto a otros directivos, y trabó un embargo por un billón de pesos. La causa investiga el fallecimiento de pacientes tras recibir opioide contaminado y revela graves fallas en la producción de los laboratorios.
El empresario Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue procesado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, como coautor de adulteración de sustancias medicinales, en concurso real con un modo peligroso para la salud, en la causa que investiga la muerte de 124 pacientes por fentanilo contaminado. Además, la justicia le trabó un embargo por un billón de pesos. Otros familiares y directivos, incluidos su madre y su hermano, también fueron procesados con prisión preventiva y embargos por cientos de millones de pesos. Los acusados enfrentan penas de hasta 25 años de cárcel por homicidio agravado.
La investigación se sustenta en el artículo 201 bis del Código Penal, que contempla penas de 10 a 25 años cuando la adulteración de alimentos o medicamentos causa la muerte de personas. García Furfaro contaba con antecedentes penales por tentativa de homicidio en 2002 y posteriormente consolidó varios laboratorios, entre ellos HLB Pharma Group, Ramallo S.A., Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A. Además enfrenta un procesamiento por contrabando agravado tras declarar una importación de maquinaria desde China por un valor menor al real.
El caso cobró impulso luego de un informe del Instituto Malbrán que detectó múltiples fallas en la producción de ampollas de fentanilo, incluyendo sellado defectuoso, procesos poco robustos, riesgos asociados a la permanencia del personal en áreas asépticas y ensayos de esterilidad deficientes. El análisis identificó la presencia de bacterias peligrosas, como Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, responsables de sepsis graves y multirresistentes en pacientes críticos. Las bacterias halladas en los pacientes coincidían genéticamente con las detectadas en las ampollas incautadas en los laboratorios.
La causa es considerada una de las más graves de la industria farmacéutica en el país, y los laboratorios involucrados permanecen bajo estricta vigilancia judicial mientras se evalúa la extensión de las responsabilidades individuales de cada directivo.
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