El Gobierno impulsa una reforma de la Ley de Administración Financiera alineada con el FMI

La Casa Rosada trabaja en modificaciones sobre la Ley de Administración Financiera con el objetivo de fortalecer el control de los recursos estatales y sostener la meta de déficit cero acordada con el FMI. El proyecto también apunta a limitar iniciativas legislativas sin financiamiento definido.

El Gobierno nacional comenzó a delinear una reforma sobre la Ley de Administración Financiera en el marco de las negociaciones y compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. La iniciativa busca redefinir las reglas de ejecución presupuestaria y ampliar las herramientas del Poder Ejecutivo para administrar el gasto público.

En la administración de Javier Milei consideran que el actual esquema legal necesita modificaciones para garantizar un mayor control sobre los fondos del Estado y preservar el equilibrio fiscal. Según sostienen en el oficialismo, el objetivo central es blindar el déficit cero y reducir el impacto de medidas impulsadas desde el Congreso que impliquen mayores erogaciones sin financiamiento específico.

La propuesta contempla cambios sobre la Ley 24.156, normativa que regula aspectos vinculados al presupuesto nacional, el crédito público, la tesorería y los mecanismos de control del sector público. Desde la Casa Rosada remarcan que la reforma no se limitará a cuestiones técnicas, sino que buscará establecer nuevas reglas para cualquier decisión con impacto sobre las cuentas públicas.

Uno de los principales puntos en análisis es otorgarle al Ejecutivo mayor margen para reasignar partidas o modificar gastos durante el ejercicio presupuestario en caso de caída de ingresos o alteraciones en la recaudación. De esta manera, el Gobierno pretende evitar incumplimientos automáticos de normas que puedan afectar la meta fiscal comprometida.

La estrategia económica oficial también apunta a que cualquier superávit fiscal quede bajo administración directa del Ejecutivo para destinarlo a prioridades definidas por el programa económico, como reducción de deuda, pago de vencimientos o compensación de desequilibrios financieros.

El proyecto mantiene una estrecha relación con las observaciones realizadas recientemente por el FMI sobre la política fiscal argentina. En su último informe, el organismo internacional insistió en la necesidad de sostener el ajuste fiscal, limitar el gasto discrecional y construir reglas más previsibles para garantizar estabilidad en las cuentas públicas.

Además, el debate se vincula con la elaboración del Presupuesto 2027, que el Gobierno deberá enviar al Congreso en septiembre. Ese proyecto deberá incluir proyecciones fiscales de mediano plazo, análisis de riesgos y escenarios económicos alternativos, siempre bajo el compromiso de mantener el déficit cero.

Otro de los cambios que evalúa la Casa Rosada es endurecer las condiciones para aprobar leyes que generen gasto estatal. La intención oficial es exigir que cualquier iniciativa legislativa con impacto presupuestario detalle de manera precisa cuál será la fuente de financiamiento correspondiente.

El antecedente más reciente fueron las discusiones en torno a proyectos impulsados por la oposición vinculados al financiamiento universitario, discapacidad y recomposición de partidas presupuestarias. En esos casos, el Ejecutivo argumentó que la aplicación de esas medidas ponía en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado.

Dentro del Gobierno también analizan fortalecer la capacidad de reasignar fondos durante la ejecución del Presupuesto, un aspecto que podría abrir una fuerte discusión política sobre los límites entre las facultades del Congreso para aprobar gastos y la capacidad del Ejecutivo para administrar los recursos públicos.

La reforma busca, además, que la regla fiscal tenga prioridad operativa durante todo el ejercicio presupuestario. Esto permitiría ajustar partidas o postergar erogaciones si las condiciones económicas cambian, sin que el Estado quede expuesto a conflictos judiciales o administrativos por no ejecutar completamente determinados gastos aprobados por ley.