Una auditoría interna del Ministerio de Salud detectó diferencias de precios, posibles maniobras irregulares y vínculos entre proveedores en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad durante 2025. El documento ya fue incorporado a la investigación judicial que analiza un supuesto fraude en el organismo.
La situación judicial que rodea a la Agencia Nacional de Discapacidad sumó un nuevo capítulo tras la aparición de un informe técnico que advierte inconsistencias en contrataciones realizadas durante el año pasado. El relevamiento fue elaborado por el Ministerio de Salud y apunta a operaciones efectuadas bajo la gestión de Diego Spagnuolo.
El documento, incorporado recientemente al expediente judicial, revisó expedientes vinculados a la compra de equipamiento ortopédico, prótesis e insumos médicos. Según las conclusiones preliminares, se detectaron valores muy superiores a los precios de referencia y posibles irregularidades en los mecanismos de contratación.
Entre los casos observados aparecen adquisiciones de elementos de asistencia médica con incrementos considerados desproporcionados respecto de otros valores utilizados en organismos públicos. Uno de los ejemplos señalados corresponde a la compra de andadores y sillas de ruedas con diferencias de precios que, de acuerdo al análisis oficial, alcanzaron porcentajes extraordinarios.
La auditoría también comparó operaciones concretadas por la ANDIS con adquisiciones similares realizadas por PAMI. En varios expedientes se identificaron montos considerablemente más altos para productos médicos equivalentes, entre ellos válvulas cardíacas y endoprótesis.
De acuerdo con el relevamiento, algunas contrataciones habrían superado ampliamente los valores habituales de mercado. El informe sostiene que estas diferencias podrían representar un perjuicio económico significativo para el Estado nacional.
Otro de los puntos bajo análisis es la relación entre distintas firmas proveedoras. Los investigadores advirtieron coincidencias societarias, familiares y comerciales entre empresas adjudicatarias, situación que podría haber afectado la transparencia y la competencia en los procesos de compra.
Entre las compañías incluidas en la revisión aparecen Farma Salud S.R.L., Ortopedia Bernat S.R.L., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., BYMAX MEDICAL y Expo Trauma.
Según la documentación oficial, fueron identificados más de 500 expedientes administrativos observados, con contrataciones que representan miles de millones de pesos. Parte importante de esos montos se concentra en operaciones adjudicadas a un grupo reducido de proveedores.
El Ministerio de Salud señaló además posibles maniobras compatibles con simulación de competencia y abuso de posición dominante en numerosas contrataciones. El informe sostiene que estas prácticas podrían haber vulnerado criterios básicos de eficiencia y control del gasto público.
La auditoría fue sumada a la causa judicial que investiga un presunto esquema de direccionamiento de contratos dentro de la ANDIS. En ese expediente están involucrados exfuncionarios, empresarios y otros actores sospechados de haber participado en maniobras ilegales relacionadas con adjudicaciones estatales.
La Justicia analiza ahora si existió una estructura organizada para beneficiar a determinados proveedores mediante contrataciones millonarias y posibles pagos irregulares vinculados a los expedientes bajo investigación.
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