Nueva marcha federal universitaria para reclamar financiamiento y salarios docentes

La comunidad universitaria realizará este martes una nueva movilización nacional para exigir al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar recomposición salarial para docentes y no docentes.

Las universidades nacionales volverán a ser escenario de protestas y actividades públicas en medio de un conflicto que suma tensión entre el sistema educativo y el Gobierno nacional. Organizaciones estudiantiles, gremios docentes, no docentes y autoridades universitarias convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria con movilizaciones en distintos puntos del país.

La jornada principal de protesta se desarrollará este martes y tendrá su acto central en Plaza de Mayo desde las 17. Será la cuarta movilización de alcance federal desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei y buscará visibilizar el reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), acompañado por sindicatos y agrupaciones estudiantiles bajo la consigna de defensa de la educación pública y la ciencia nacional. Según plantearon desde el sector universitario, ya transcurrieron varios meses desde la aprobación de la norma sin que el Poder Ejecutivo avance en su implementación efectiva.

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización contará con distintas columnas. La Universidad de Buenos Aires confirmó que partirá desde Plaza Houssay rumbo a Plaza de Mayo, mientras que organizaciones sindicales y políticas realizarán concentraciones paralelas en distintos puntos del centro porteño.

Como antesala de la marcha, este lunes se llevarán adelante clases públicas en facultades de la UBA para reforzar el reclamo y visibilizar la situación presupuestaria que atraviesan las universidades. Habrá actividades en las facultades de Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Veterinarias, entre otras sedes.

El conflicto entre las universidades y el Gobierno se profundizó luego de que el Ejecutivo decidiera frenar la aplicación de la ley sancionada en 2025. Aunque el veto presidencial fue rechazado posteriormente por el Congreso, la administración nacional argumentó que la medida afectaría el equilibrio fiscal y apeló las resoluciones judiciales que ordenaron cumplir con la normativa.

En este contexto, la disputa ya llegó a la Corte Suprema después de dos fallos favorables a las universidades. Desde el ámbito académico sostienen que agotaron las instancias institucionales y que la movilización se transformó en la principal herramienta para sostener el reclamo.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó la postura oficial y aseguró que la comunidad educativa recurrió al Congreso y a la Justicia antes de convocar nuevamente a las calles. Desde distintos sectores remarcan además el impacto que el ajuste presupuestario tiene sobre el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.

De acuerdo con informes elaborados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-Conicet, la inversión estatal destinada a educación superior sufrió una fuerte caída real entre 2023 y 2025, mientras que los salarios docentes acumularon una importante pérdida de poder adquisitivo desde fines de 2023.

La movilización también contará con respaldo sindical y político. La Confederación General del Trabajo (CGT), gremios estatales, sindicatos universitarios y organizaciones sociales confirmaron su participación en defensa del sistema universitario público.

Además, referentes políticos de distintos espacios expresaron su apoyo a la protesta. Desde sectores del peronismo y la izquierda coincidieron en reclamar el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso y cuestionaron la decisión del Gobierno de judicializar el conflicto.

La marcha se realizará pocos días después de que el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, intimara a universidades nacionales a presentar planes de contingencia para garantizar el dictado de clases frente a los paros docentes y no docentes registrados en varias instituciones del país.

ph reuters