PH: Comunicación Tucumán

El gobernador pidió detenciones, expulsiones y responsabilidad para los padres ante casos de amenazas, armas y hechos de violencia en establecimientos educativos de Tucumán.

En un contexto de creciente preocupación por episodios de violencia escolar, el Gobierno provincial planteó la necesidad de aplicar sanciones más estrictas frente a conductas delictivas dentro de las instituciones educativas. La postura surge tras una serie de denuncias que encendieron las alarmas en la comunidad.

El gobernador Osvaldo Jaldo reclamó a la Justicia y a las autoridades escolares actuar con firmeza ante situaciones como amenazas de tiroteos, portación de armas blancas o de fuego y actos vandálicos. Según sostuvo, quienes incurran en estos hechos deben ser detenidos y apartados del sistema educativo, además de responsabilizar a sus padres en el plano civil y penal.

Las declaraciones del mandatario reflejan el malestar oficial ante lo que consideran una respuesta insuficiente frente a hechos que se repiten en distintos establecimientos. En los últimos días se registraron cerca de 90 denuncias vinculadas a amenazas de ataques, mientras que algunos estudiantes admitieron haber realizado pintadas intimidatorias.

A esto se suman casos recientes que generaron preocupación, como el de un alumno que ingresó con una navaja a una escuela y otro que llevó un revólver calibre 38, aunque sin que se produjeran incidentes. En este último caso, la Justicia resolvió revocar la prisión preventiva del adolescente involucrado.

El titular del Poder Ejecutivo insistió en que no hay margen para actitudes flexibles y advirtió sobre la necesidad de actuar antes de que ocurra un hecho de mayor gravedad. En esa línea, señaló que los menores que cometan delitos deberían ser trasladados a instituciones especializadas como el instituto Padre Brochero, ubicado en Benjamín Paz, donde pueden recibir contención sin poner en riesgo a otros estudiantes.

Asimismo, recordó la vigencia del Decreto N° 772/7, que habilita a las autoridades a reforzar medidas preventivas, disponer expulsiones y avanzar en la aprehensión de los responsables. La normativa también establece la responsabilidad de padres y tutores por las conductas de los menores y contempla sanciones para los establecimientos que no garanticen el cuidado de los alumnos, incluyendo la posible pérdida de subsidios.

Finalmente, el gobernador remarcó la necesidad de aplicar estas disposiciones con decisión para frenar situaciones que generan temor en la comunidad educativa y evitar consecuencias irreparables.