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El fallo responde a una cautelar presentada por ATE y frena la aplicación del decreto 462/2025 que reorganizaba el organismo. El Gobierno no podrá avanzar con los cambios durante ese período.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N.º 2 hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Gobierno nacional abstenerse de aplicar modificaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), como había dispuesto el decreto 462/2025 firmado por el presidente Javier Milei.

La resolución fue dictada por la jueza Martina Isabel Forns, quien estableció un plazo de seis meses para congelar cualquier cambio administrativo vinculado al decreto. La decisión representa un freno judicial a la estrategia oficial de reformular o suprimir estructuras estatales consideradas «sobredimensionadas» por el Ejecutivo.

El mencionado decreto establecía que el INTI dejaría de ser un organismo descentralizado para convertirse en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio. Además, incluía una serie de modificaciones en la administración de sus recursos, que pasarían a integrar el Tesoro Nacional, y habilitaba la creación de centros de investigación con participación del sector privado, bajo supervisión estatal.

En su fallo, la jueza Forns argumentó que se trataba de una medida cautelar de no innovar, destinada a “evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo” hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. La resolución constituye un nuevo revés judicial para el Gobierno, que ya había enfrentado resistencias similares en otras áreas del Estado.

Mientras tanto, ATE celebró la resolución como un paso a favor de la defensa del empleo público y del rol técnico del INTI, cuya continuidad como ente autónomo ahora queda pendiente de una resolución definitiva por parte de la Justicia.