Sin acuerdo en Fate: continúan las negociaciones y crece la tensión con el gremio del neumático

La audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo entre la empresa Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático finalizó sin avances concretos. El Gobierno convocó a una nueva reunión para la próxima semana mientras continúa vigente la conciliación obligatoria y permanecen suspendidos los despidos.

El conflicto laboral en la empresa Fate sumó un nuevo capítulo luego de que fracasara la instancia de diálogo desarrollada en la Secretaría de Trabajo, donde representantes de la firma y del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) no lograron alcanzar un entendimiento. Ante la falta de acuerdo, el Ejecutivo nacional resolvió fijar una nueva audiencia para el miércoles 4 de marzo, dentro del período de conciliación obligatoria dispuesto por 15 días.

La negociación se inició tras el anuncio del cierre definitivo de la planta ubicada en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, decisión que implicó el despido de 920 trabajadores. Sin embargo, la conciliación vigente dejó en suspenso las cesantías y obliga a ambas partes a retrotraer la situación al estado previo al conflicto, aunque la actividad productiva aún no fue normalizada.

Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que las conversaciones continuarán con el objetivo de preservar los puestos de trabajo y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. Según trascendió, la empresa manifestó su intención de acatar la conciliación, pero sostuvo que no puede reabrir la planta debido a la ocupación del establecimiento por parte de los trabajadores.

El conflicto escaló en los últimos días con denuncias del gremio sobre la falta de actividad en la fábrica pese a la orden oficial de reincorporación. Mientras tanto, la compañía argumentó que la reapertura depende de verificar condiciones técnicas y de seguridad dentro del predio industrial. En paralelo, organizaciones sociales, sindicales y políticas convocaron a movilizaciones en apoyo a los empleados que permanecen dentro del establecimiento.

La crisis de la firma se arrastra desde años anteriores. En 2019 la empresa redujo 450 puestos laborales y en 2024 solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis tras registrar una caída del 30% en la demanda interna y pérdidas superiores a los 30 millones de dólares durante el primer semestre. El cierre reciente también reavivó el debate sobre importaciones, competitividad industrial y empleo en el sector.

El conflicto además se entrelazó con la agenda política nacional. El vocero presidencial Manuel Adorni planteó dudas sobre el momento elegido por la empresa para anunciar el cierre, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que el sector debe adaptarse a un esquema de mayor competencia. En ese contexto, el Gobierno eliminó recientemente medidas antidumping que beneficiaban a Aluar, empresa del mismo grupo empresario, habilitando importaciones desde China sin recargos.

Mientras continúan las negociaciones, el Ejecutivo busca mediar para evitar una profundización del conflicto y alcanzar una solución que garantice continuidad productiva y estabilidad laboral en una industria clave para el mercado local.