La reforma laboral avanza hacia su sanción y Milei envió una señal al sector industrial en medio del conflicto por Fate

Mientras el proyecto de reforma laboral se encamina a convertirse en ley tras acuerdos políticos con gobernadores, el presidente Javier Milei marcó posición frente a los industriales en medio de la tensión generada por el cierre de la planta de la empresa Fate y la intervención del Gobierno nacional.

El oficialismo logró acelerar el tratamiento parlamentario de una de las iniciativas centrales de su agenda económica. Luego de obtener media sanción en el Senado y ser aprobado con modificaciones en Diputados durante la madrugada del viernes, el proyecto volvió rápidamente a la Cámara Alta con dictamen favorable y quedó a un paso de la sanción definitiva prevista para la próxima semana.

Desde la Casa Rosada atribuyeron el avance legislativo a las negociaciones encabezadas por referentes políticos del oficialismo, entre ellos Diego Santilli, Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem, además del respaldo de gobernadores provinciales que aportaron votos clave para consolidar la mayoría parlamentaria. El trámite se desarrolló en sesiones extraordinarias y en un plazo cercano a un mes, algo que el Ejecutivo consideró un logro político significativo.

El Gobierno evaluó la semana como favorable también por otros factores: el respaldo internacional expresado por Donald Trump durante una reunión del Consejo de Paz, la recomposición de reservas del Banco Central, la baja del dólar oficial hasta los $1410 y un índice de inflación mayorista de enero del 1,7%, datos que, según el oficialismo, contribuyen a aliviar las expectativas inflacionarias.

Sin embargo, el cierre de la planta de neumáticos Fate alteró ese escenario y abrió un foco de conflicto inesperado. La decisión empresarial coincidió con el debate legislativo y generó malestar en el Ejecutivo, que interpretó la medida como políticamente inoportuna. Milei cuestionó públicamente al empresario Javier Madanes Quintanilla, a quien acusó de actuar con prácticas prebendarias y de buscar perjudicar al Gobierno.

Ante la escalada del conflicto, la administración nacional dispuso una conciliación obligatoria entre la empresa y el sindicato para garantizar la reapertura de la fábrica y el pago de salarios a los trabajadores. La medida fue instrumentada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y posteriormente la Justicia ordenó el desalojo de los operarios que permanecían en el establecimiento.

La intervención oficial generó debates dentro del propio escenario político, ya que algunos sectores señalaron una aparente contradicción entre el ideario liberal del Gobierno y su postura frente a la empresa. Desde el Ejecutivo respondieron que la defensa del liberalismo no implica respaldar a compañías en particular, sino garantizar reglas de libre mercado y competencia.

En paralelo, circularon versiones —no confirmadas oficialmente— sobre posibles negociaciones entre la empresa y el gremio SUTNA para descomprimir la crisis mediante una futura propuesta indemnizatoria. Más allá del conflicto puntual, el mensaje político del Gobierno fue claro: las empresas deberán adaptarse al nuevo contexto económico para mantenerse competitivas, sin esperar medidas de protección estatal.

PH LOS ANDES 142