El gobernador destacó la aprobación unánime de la norma que impide el acceso a cargos públicos a personas con condenas confirmadas y la consideró un avance institucional clave.

Tras su tratamiento en la Legislatura, la nueva normativa marca un cambio en los requisitos para quienes aspiren a funciones públicas en la provincia, al establecer restricciones para candidatos con antecedentes judiciales firmes. En ese marco, el gobernador Osvaldo Jaldo subrayó la importancia de la iniciativa y remarcó que Tucumán se suma a otras jurisdicciones del país que ya avanzaron en este tipo de regulaciones.

El mandatario puso en valor el consenso alcanzado para su aprobación y sostuvo que la medida representa un paso significativo en materia de calidad institucional. Además, consideró que este tipo de herramientas fortalecen la confianza ciudadana al fijar criterios más estrictos para el acceso a cargos electivos y designaciones dentro del Estado.

En relación al trabajo legislativo, indicó que el año continuará con el tratamiento de otros proyectos, en función de las prioridades que defina el Poder Legislativo. También vinculó esta ley con futuras iniciativas orientadas a mejorar la transparencia, como el acceso a la información pública, un tema que aún resta consolidar en la provincia mediante acuerdos entre los distintos espacios políticos.

Finalmente, Jaldo insistió en la necesidad de seguir avanzando en normas que promuevan mayor control institucional y participación, con el objetivo de modernizar el funcionamiento del Estado y responder a las demandas sociales actuales.